Como cada año y a pesar de las críticas de la gente, Hacienda pagó una gratificación, bonificación o “subsidio familiar” como lo llaman últimamente, de G. 2.289.324 a cada funcionario y contratado de la institución, que incluye el pago de la ayuda escolar hasta para 3 hijos menores, según la versión manejada.
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Los montos fueron abonados con el sueldo correspondiente al mes de febrero, que incluía igualmente remuneraciones extraordinarias, remuneraciones adicionales, bonificación por gestión administrativa, entre otros beneficios.
Desde la cartera se anunció esta mañana que se emitiría un comunicado sobre los pagos realizados, pero no se dio a conocer aún. No obstante, desde el departamento de prensa de la institución alegaron que se abonó únicamente la ayuda escolar, que benefició a 2.300 funcionarios y contratados, con un costo de alrededor de G. 6.000 millones (US$ 857.142 al cambio vigente).
Pedido de aumento del 38%
A inicios del mes de febrero, durante la presentación del informe de “Situación Financiera” correspondiente al primer mes del año, las autoridades de la cartera fiscal habían señalado que el gasto salarial en la administración pública aumentó 9,1% con respecto al mismo mes del año pasado.
Explicaron a que esto obedecía al aumento salarial concedido el año pasado a docentes, reajuste en fuerzas públicas, contratación de personal de salud y el pago de bonificaciones y gratificaciones realizado en enero por la Corte Suprema de Justicia.
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La erogación de este beneficio extra, sin embargo, se supo después que se dio igualmente en otras entidades públicas y representó en ese entonces unos G. 47.000 millones (US$ 6,7 millones al cambio vigente) a las finanzas pública, pero lo que no se informó es que Hacienda iba a hacer lo propio en el segundo mes del año.
En Hacienda tras cobrarse la gratificación, unos días después el Sindicato de Funcionarios Profesionales del Ministerio de Hacienda (Sifupromh) ya envió una nota al ministro Óscar Llamosas, solicitando un aumento salarial del 38%, argumentando que desde hace diez años que no tienen un reajuste y que ese porcentaje equivale a la pérdida del poder adquisitivo del funcionario en ese lapso de tiempo.
En peor momento de la pandemia
En abril del año pasado, cuando apenas empezaba a reactivarse la actividad económica tras una dura cuarentena por la pandemia del covid-19, que golpeó fuerte a gran parte de las empresas y trabajadores del sector privado, Hacienda pagó este mismo beneficio extra equivalente al salario mínimo a los funcionarios y, luego en diciembre, a directores, jefes de departamentos y coordinadores.
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Solo en el año 2020 no se abonó debido a la pandemia, pero en contrapartida con el préstamo de emergencia se aseguró el pago puntual de los salarios públicos. Para estar al día con los salarios se utilizaron US$ 300 millones de la nueva deuda, mientras en el sector privado los trabajadores quedaban suspendidos o cesados en sus empleos por el cierre de las empresas.
También del préstamo de emergencia se destinaron US$ 51 millones para cubrir las jubilaciones y pensiones de los beneficiarios de la Caja Fiscal, en tanto que para abonar la deuda se utilizaron US$ 75 millones.
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Los pagos extras en la función pública se dan en mayor medida en años electorales, a pesar de los discursos de reforma y racionalización de gastos que dicen impulsar las autoridades. Así también, sin tener en cuenta el déficit fiscal ni la caída de la recaudación tributaria, como sucedió en el segundo mes del año.