Es un calvario que no tiene fin si lo que se busca es alivio en los servicios públicos. Y una millonaria erogación si se recurre a centros de salud privada.
Datos del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social daban cuenta en octubre del año pasado (Mes Rosa de prevención del cáncer de mamas) que en nuestro país se habían detectado un total de 12.920 casos nuevos de cáncer en el año 2020.
Los dos tipos más frecuentes son, de acuerdo siempre a los datos, el cáncer de mamas y cuello uterino, por lo que la cartera había instado a que las mujeres se realicen los controles periódicos.
Todo muy bien, pero al tiempo de instar a los controles en uno de los 23 centros de referencia a nivel país -además del Instituto Nacional de Cáncer (INCAN)- se tienen recurrentemente noticias de mamógrafos que no funcionan por falta de mantenimiento o por falta de personal calificado para manejarlos. Un despropósito.
Ni hablemos de cuando ya el diagnóstico se ha confirmado. Muy pocas personas tienen la suerte de tratarse esta enfermedad de manera conveniente. Hace solo tres días, enfermos oncológicos que recurren al servicio público nuevamente tuvieron que realizar una medida de fuerza para clamar por insumos y fármacos.
Entre las denuncias está la constante falta de medicamentos e insumos, lo que genera gastos millonarios para los enfermos y sus familiares quienes desesperados en la lucha por la vida venden todo y empeñan hasta lo que no tienen para dar con la esperanza de llegar a la cura.
En casos más tristes y extremos, hay personas que llegan al servicio público solo con el dinero del pasaje y al no haber medicamentos para su tratamiento de quimioterapia y no tener para comprarlos en “los privados”, son reagendados para 15 a 20 días después. Un tiempo precioso que se pierde en esta batalla contra el cáncer.
¿Cómo puede haber tanta indolencia? ¿Cómo cualquiera consigue dictámenes, decretos y concesiones exprés? Pero cuando se trata de la salud pública son tan correctos de tener que seguir el “debido proceso” de las licitaciones dejando a su suerte a miles de compatriotas desahuciados y con sentencia de muerte inminente.
En Paraguay la salud es pública solamente de nombre ya que algunos utilizan la estructura para llenarse los bolsillos a costa de la desgracia de los compatriotas. Criminales.