El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos José Agustín Delmás podrá fijar fecha para la audiencia preliminar en la causa por presunta lesión de confianza que afrontan el exintendente de Concepción, Alejandro Ramón Urbieta Cáceres; el administrador de la comuna, Pedro Alberto Vera Escurra; el director de Obras, Arsenio Domínguez; y el representante de la firma Conserpar, Rigoberto Vicencini Benítez.
Esto luego que el Tribunal de Apelaciones Especializado en Delitos Económicos, integrado por los camaristas Arnulfo Arias, Bibiana Benítez Faría y Gustavo Ocampos González, hayan confirmado la providencia del 13 de diciembre de 2021, por la cual el juez Delmás recepcionó la acusación presentada por la fiscala Stella Mary Cano el 22 de setiembre del año pasado.
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Atendiendo esta decisión el tribunal de alzada también confirmó eI Auto lnterlocutorio N° 33 del 24 de enero de 2022, dictado por Delmás, que rechazó el recurso de reposición planteado por la defensa de Urbieta y ratificó la admisión del requerimiento conclusivo presentado por el Ministerio Público.
Segundo intento para preliminar por presunto desvío de G. 1.600 millones
Al admitir la acusación presentada por la fiscal Stella Mary Cano el juez José Delmás había convocado la audiencia preliminar para el 28 de diciembre de 2021, sin embargo las chicanas planteadas por las defensas suspendieron la diligencia y trabaron el presente proceso penal.
Una vez que la Cámara de Apelaciones le remita el expediente el magistrado de la causa podrá fijar nueva fecha para intentar, por segunda vez, llevar a la cabo la preliminar y resolver si eleva la causa a juicio oral y público, como pide la fiscalía.
La denuncia contra Urbieta fue presentada por Daysi Silguero, quien detalló que la Municipalidad de Concepción debía realizar la construcción de desagüe pluvial, adoquinado y empedrado por más de G. 8.199 millones en la avenida Boquerón.
Según consta en la carpeta fiscal, la denunciante relató que la obra no se realizó en su totalidad a pesar de que la administración comunal realizó el pago a la empresa Conserpar, representada por Rigoberto Vicencini Benítez (acusado junto con Urbieta).
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De acuerdo a la investigación, las obras realizadas en diversas partes por más de G. 8.199 millones presentan mala calidad y están incompletas. Según las pericias y opinión de expertos, los trabajos realmente habrían costado poco más de G. 6.000 millones, dejando un perjuicio patrimonial de más de G. 1.596 millones a la Municipalidad.
El Ministerio público señala también que el municipio obtuvo un préstamo bancario de G. 573.129.628 para construcción de desagüe pluvial en la calle Soldado Desconocido hasta la intercepción de la calle 13 Tuyutí del barrio Villa Armando. La obra debía abarcar 21 cuadras, pero solamente se hizo en seis cuadras.