La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Gobernación de Central presidida por el concejal Miguel Villagra (Patria Querida) dictaminó por el rechazo del balance del año 2021 debido a las inconsistencias encontradas entre la rendición del presupuesto general de G. 163.000 millones y las planillas de ejecución que aparecen en el portal web de la institución departamental.
El balance fue tratado el martes pasado en la sesión ordinaria de la Junta Departamental donde 16 ediles votaron por el rechazo, hubo 5 abstenciones y solo un concejal votó por la aprobación del informe.
Hugo Javier, a partir del martes último, tiene 20 días hábiles para vetar la decisión del pleno y para sostener dicho veto precisa del acompañamiento de ocho concejales, caso contrario, el rechazo quedará firme y ante esta situación, habrá vía libre para solicitar por tercera vez la intervención de la institución departamental, aseguraron los concejales Roque Ávalos y Adrián Billy Vaesken. Los 16 concejales también solicitan a la Contraloría General de la República (CGR) que audite el ejercicio fiscal 2021.
Lea más: Productores piden al gobernador de Central desembolsar fondo para reactivación en el campo
Los opositores manifestaron que durante todo el año 2021 y hasta el momento de evaluar el balance, el gobernador cartista Hugo Javier, nunca remitió a la Junta ningún documento respaldatorio que garantice el transparente uso de G. 123.000 millones de un total de G. 163.000 millones.
Se detectó inconsistencias entre los valores patrimoniales y contables de activo, cuya diferencia es de G. 30.000 millones. No existe un registro actualizado de los bienes materiales.
También, existe una gran diferencia de G. 5.161 millones en el monto pagado por la adquisición de la merienda escolar. Según el balance se ejecutó unos G. 80.193 millones, pero en planillas figura un pago de G. 75.112 millones.
“Ingresos corrientes” presenta una discrepancia de G. 3.209 millones, entre la planilla digital y el balance. Además en uno de los rubros se habla de una deuda flotante de G. 16.467 millones, pero no existen documentos que detallen.
Más presuntas irregularidades
El dictamen de Hacienda también señala una grosera diferencia en la ejecución del presupuesto destinado para combustible. En el portal web figura que fue obligado un total de G. 1.196 millones, sin embargo, en el balance aparece un gasto de G. 710 millones, quedando una inconsistencia de G. 486 millones.
Según Hugo Javier, del fondo covid-19 otorgado por el Ejecutivo, de G. 6.382 millones (US$ 1 millón), solo fue ejecutado G. 4.190 millones quedando un saldo a utilizar de G. 2.191 millones.
Recordemos que en diciembre de 2020 la Gobernación recibió el primer desembolso de G. 6.382 millones que ejecutó su totalidad entre enero y febrero de 2021. Posteriormente, a mediados del 2021 recibió otro desembolso del Ejecutivo del mismo monto. En la primera ocasión, en la rendición de cuentas aparecen innumerables irregularidades como facturas clonadas y otras.
Votación
Los ediles liberales Derlis Larroza, Mario Aguilera (presidente de la Junta Departamental), Laura Moreira, Benita Jara, Adrián Billy Vaesken, Roque Ávalos, Jorge Rolón, Dilio Ortiz, Daniel Ferreira y Atilio López, además del solitario concejal de Patria Querida, Miguel Villagra, y otros cinco colorados velazquistas, Gustavo Maciel, Emilse Bobadilla, Gustavo Machuca, Jadiyi Ibarrola y Óscar Delvalle, votaron por el rechazo.
Por otro lado se abstuvieron los cartistas Crispín Vallejos, Enrique Ojeda, Alejandro Núñez y María Sixta Estigarribia. Y el único que votó por la aprobación del balance del gobernador Hugo Javier fue el edil Derlis Maciel.
Gobernador imputado
El gobernador Hugo Javier González, cartista, y otras 15 personas fueron imputados por lesión de confianza, asociación criminal, producción de documentos no auténticos (facturas clonadas y otros) y declaración falsa, por las irregularidades confirmadas en la ejecución de G. 6.382 millones del fondo covid.
Hasta la fecha, solo siete audiencia de imposición de medidas se realizaron ya que las distintas defensas, incluyendo la del gobernador, presentaron innumerables chicanas para dilatar el proceso penal.