Loblein estuvo esta mañana en la sede central de la Cooperativa San Cristóbal en Asunción (Denis Roa esquina Del Maestro) para volver a pedir tranquilidad a los socios y explicar los motivos por el cual la entidad no estaba operando normalmente, ya que los bancos que deben liberar los recursos necesitan el nuevo registro de firmas de los interventores que asumieron el control de administración y que este trámite no se logra de la noche a la mañana.
Aseguró que la cooperativa tiene suficiente activo para hacer frente a todos los compromisos, pero que si se vuelve a registrar una masiva extracción de dinero como la del pasado miércoles 2, se quedará sin liquidez y, ante esta eventualidad, pedía tener calma a los socios y confianza en la intervención del Incoop.
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Dijo que el último miércoles los primeros informes que tenían indicaban que los socios retiraron más de G. 12.000 millones (US$ 1,7 millones al cambio vigente), pero luego de tener el informe del Sistema de Pagos del Paraguay-SIPAP (sistema de pago electrónico a nivel local administrado por el Banco Central del Paraguay) el monto superó los G. 17.000 millones (US$ 2,4 millones al cambio vigente).
La masiva extracción, señaló el titular de Incoop, se produjo después del mediodía tras la renuncia del entonces presidente de la cooperativa San Cristóbal, el exdiputado colorado Juan Carlos Ozorio, y la reestructuración del Consejo de Administración.
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Ozorio presentó su dimisión a la cooperativa después de renunciar a su cargo de diputado, posteriormente fue detenido e imputado por la Fiscalía por lavado de dinero, tráfico internacional de estupefacientes y asociación criminal. En tanto los miembros del Consejo fueron cesados en sus funciones tras la intervención del Incoop.
A la consulta de si no fueron los propios directivos de la cooperativa quienes retiraron esos fondos, Loblein fue claro al señalar que buscarán identificar quienes realizaron las extracciones y si existen irregularidades serán denuncias a la Fiscalía y a la Seprelad.
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Con respecto a las versiones de que los miembros de la familia del pastor José Alberto Insfrán Galeano, quien permanece con paradero desconocido y con orden de captura nacional e internacional emanada de la Fiscalía, el titular de Incoop dijo que ya tienen algunos datos, informaciones precisas al respecto que serán puestas a consideración del Ministerio Público, ya que esta entidad emplazó para la entrega de los documentos relacionados al clan Insfrán.
Señaló que se está trabajando exclusivamente sobre este grupo de socio, de tal modo a cumplir con los plazos de la Fiscalía. “Ya hay datos precisos”, insistió.
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El pastor Insfrán, líder religioso del Centro de Convenciones Avivamiento (CCA) de la ciudad de Curuguaty, departamento de Canindeyú; y sedes en Mariano Roque Alonso, departamento Central, está sindicado como uno de los presuntos principales lavadores de dinero provenientes del narcotráfico descubierto mediante la operación “A Ultranza Py” llevada a cabo por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Ministerio Público.