Ante la escalada sostenida del precio de combustible en el país y el mundo, y el avance de los trámites para la instalación de la fábrica de biocombustibles en Villeta, se consultó al viceministro de Tributación y presidente del Consejo de Zona Franca, Óscar Orué, referente al consumo local del producto de origen vegetal que se producirá en el país. Precisó que el 100% de la producción está destinado a la exportación, ese fue el trato al estar bajo el régimen de zona franca.
Orué recordó que el citado régimen especial no tiene fines recaudatorios, sino que está dirigido a fomentar las inversiones que generen gran cantidad de empleos. El Estado renuncia a esa recaudación y a cambio, la inversión genera mucha mano de obra para los compatriotas y la condición es también exportar la producción, para no inundar el mercado local con productos que pagan casi nulo impuesto.
En el caso de la fábrica de biocombustibles, puntualizó, se trata de un complejo industrial en el que la etapa de construcción empleará a 3.000 personas y durante su funcionamiento, otras 2.400 personas. “El Régimen de Zona Franca es de impuestos bajísimos pero que tiene otros fines, el de generación de empleo, principalmente”, expresó.
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Al ser requerido referente a la posibilidad de que un porcentaje de la producción del biocombustibles quede para el consumo local, respondió que el plan fue planteado y aprobado para su venta en un 100% a la exportación. En caso de que se analice venderlo en Paraguay, la empresa deberá pagar impuestos y eso altera su estructura de costos cuyo plan financiero ideado se prevé para los próximos diez años, aproximadamente. Además, ya contrajo compromisos con clientes del extranjero, explicó.
No obstante, opinó, podría plantearse una revisión más adelante.
La fábrica de biocombustibles Omega Green tuvo cambios sustanciales respecto a la propuesta inicial, de febrero del 2019. Ahora, debido al delicado contexto internacional y su impacto en el precio del combustible, el Gobierno considera “aconsejable” que se concrete esa inversión privada, que hasta el momento totaliza US$ 1.000 millones, aunque hay poca claridad del impacto ambiental que implicará producir el hidrógeno pretendido.