Esta mañana, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez apartó del cargo a Arnaldo Giuzzio al frente del Ministerio del Interior y en su reemplazo designó al embajador Federico González, luego de que el ahora saliente alto funcionario reconociera que tuvo trato con el narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua. El nuevo titular de la cartera indicó que analizará la permanencia del equipo de Giuzzio, según dijo durante una conferencia de prensa desarrollada en el Palacio de Gobierno.
Entre las personas de confianza del ministro saliente se encuentra Alma Muhr Riera, quien días atrás fue designada como la representante de Interior ante la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), en reemplazo de Omar Mongelós González. La misma es funcionaria del Ministerio Público y estuvo comisionada en la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y hace un año se desempeña como directora de Transparencia en el Ministerio del Interior, relató a ABC. Las declaraciones las había dado en una entrevista dada en la tarde del lunes último.
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Muhr había reconocido la necesidad de una reforma que transparente las gestiones en la regulación de juegos de azar en el país y al ser requerida sobre las cuestionadas decisiones de la comisión que son investigadas por la Fiscalía evitó opinar, ya que ni siquiera se reunió aún con la directiva, según había alegado. Giuzzio le había dado precisas instrucciones de realizar las gestiones necesarias para transparentar las decisiones de su representante ante la citada comisión. “La preocupación es la transparencia, la cual está garantizada por leyes vigentes y se debe cumplir con la ciudadanía”, dijo.
La funcionaria precisó que elaboró una propuesta con sus pares de la Secretaría Anticorrupción (Senac), dirigida por René Fernández, institución a la que calificó con “cero en transparencia a Conajzar” tras denuncias periodísticas sobre la falta de acceso a documentos públicos. La puntuación es parte de los cuestionamientos de la institución en la Resolución N° 167/2021 referente al proceso administrativo para la “legalización” de tragamonedas en sitios prohibidos, a cargo de la empresa iCrop SA, de Lilian Beatriz Vera de Qiu y Lucy Sy. Al respecto, Muhr optó por brindar declaraciones. “Me presenté ante la presidenta de Conajzar interina, María Galván, quien me respondió que se me notificará cuando haya reunión del Consejo. Hasta el momento no tengo novedades”, dijo.
En su momento, la Senac emitió un flojo informe de evaluación del contrato de “regularización” de tragamonedas utilizadas en sitios de libre concurrencia. Cuestionó que el contrato para este trabajo se haya hecho de manera directa y no como resultado de un llamado de licitación pública, ignorando que dicha modalidad (en sitios no exclusivos de juegos de azar) está prohibida por la misma ley a la que invocó para dicho llamado, que es la Ley N° 1016/97 del Régimen de Juegos de Azar.
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Muhr evitó dar declaraciones referente al cambio de ministro, y argumentó que primero debe conversar con el ministro González.
Presidenta de Conajzar no da la cara
Por tercera vez, un equipo periodístico de ABC llegó a la oficina de Conajzar para informar a la opinión pública sobre los planes que tiene la presidencia a cargo de María Galván del Puerto, en un momento en que la Fiscalía procesa a sus exautoridades y en la que ella misma se desempeñaba como asesora jurídica de los mismos. La funcionaria no responde las solicitudes de entrevista ni recibe a los periodistas en la sede de la institución. Hoy un equipo de este diario esperó -sin éxito- y por varias horas ser atendidos por la misma.
Galván no informa a la ciudadanía sobre las indicaciones que tuvo del Ejecutivo acerca de cómo encarar la administración, sobre todo debido a que las decisiones de las anteriores autoridades derivaron en la actual investigación del Ministerio Público. La Fiscalía indaga sobre el contrato de tragamonedas mencionado, la adjudicación de la quiniela a una firma morosa y la reducción del canon a concesionarias en pandemia, medida que implicó una caída de la recaudación de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben).