La observación número 14, además de otras, del informe final de auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) confirmó senda de irregularidades ya anunciadas por nuestro medio, por el Ministerio Público, la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE) y la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), sobre el aparente despilfarro de US$ 1.000.000 (G. 6.382 millones), fondo covid, que el Ejecutivo otorgó a la Gobernación de Central, administrada por el cartista Hugo Javier González, quien fue imputado junto a otras 14 personas, por lesión de confianza, asociación criminal, declaración falsa y producción de documentos no auténticos.
Con el dinero, el Consejo, compró mobiliarios hospitalarios de pésima calidad supuestamente del taller mecánico “Grupo Metalúrgico y Publicitario MG” de Miguel Gutiérrez. En dicho lugar, varios empleados, aseguraron que la firma no se dedica a la fabricación y comercialización de los mencionados artículos. El equipo auditor confirmó que al poco tiempo de la adquisición de los mobiliarios, tándems de 4 asientos, entregados a hospitales de Central, fueron desechados por inservibles.
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El objetivo de la ejecución del recurso era que la institución departamental genere fuentes de trabajo durante la pandemia en el marco de reactivación económica para afrontar la crisis causada por el covid-19. En este contexto el Consejo Regional de Salud, presidido por el doctor Hugo Cabrera, recibió de la Gobernación G. 1.276 millones para la ejecución del proyecto “Mantenimiento y refaccionamiento de entidades primarias de salud del departamento Central”.
La auditoría fue realizada en el marco de la investigación a cargo de la Fiscalía sobre la ejecución de US$ 1.000.000. En la rendición de cuentas de la Gobernación aparecieron facturas clonadas, facturas reemplazadas, empresas fantasmas, entre otras irregularidades.
Más irregularidades
Las documentaciones que respaldan la transferencia realizada al Consejo Regional de Salud, “se observa deficiencias en la nota de remisión, tales como no se especifican la cantidad y precio unitario de los bienes y/o servicios adquiridos, no se presenta en el formato especificado por la SET, no figura fecha de compra ni de entrega, correspondiente a la factura por importe de G. 593.044.000 millones”.
El doctor Hugo Cabrera informó al gobernador Hugo Javier sobre el uso del fondo sanitario a través de una escueta nota de remisión en formato Word, citando los bienes adquiridos de forma desprolija. “El documento” está firmado por el tesorero del Consejo, Aníbal Delvalle y posee el sello de la ONG.
De acuerdo a lo requerido por la SET, el Consejo Regional de Salud no cumplió con ninguno de los ítems establecidos en la Resolución General Nº 41/14 en su artículo 1º.
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Descabellado descargo
Ante la observación del equipo auditor la Gobernación de Central, en un intento de deslindar responsabilidad alguna, presentó la descabellada justificación hecha por el doctor Hugo Cabrera, representante del Consejo Regional de Salud, quien dijo que las especificaciones requeridas por la SET es responsabilidad “exclusivamente” del proveedor. Además agregó que, recién ahora, la Gobernación de Central, tiene “previsto ir adoptando progresivamente el control interno (del año) 2015″, para corregir las faltas administrativas.
Los auditores refutaron el descargo y reconfirmaron la observación. “Lo informado por el Consejo Regional de Salud en lo referente a que la infracción compete exclusivamente al proveedor no justifica lo observado, puesto que la entidad beneficiaria debe documentar sus rendiciones de cuentas”, dice el informe.
“Asimismo, la Gobernación del Departamento Central debe exigir a la ONG beneficiaria con fondos de la Gobernación los documentos de respaldo con facturas que reúnan todos los criterios, tanto de fondo como de forma conforme las disposiciones así lo estipulen”, remató.
“Recomendación”
El equipo auditor recomendó al gobernador Hugo Javier, imputado precisamente en esta causa por lesión de confianza, asociación criminal, declaración falsa y producción de documentos no auténticos, a “establecer los mecanismos de control que sean necesarios para garantizar y sustentar las transferencias a las ONGs con el respaldo de los documentos obligatorios para su ejecución, ajustándose a las leyes normativas aplicables”, dice la recomendación de la Contraloría General de la República.