La semana pasada, la jueza María Elena Cañete, del Juzgado Penal de Garantías de San Lorenzo, rechazó el pedido de nulidad de la imputación del gobernador cartista de Central, Hugo Javier González, tras los fundamentos sólidos expresados por la Fiscalía especializada en Delitos Económicos. El administrador departamental fue imputado junto a otras 14 personas en noviembre de 2021 por los hechos de lesión de confianza, declaración falsa, asociación criminal y producción de documentos no auténticos. De esta forma, se ratificaba la validez de los hechos investigados.
Sin embargo, los abogados Andrés Casati, Arturo Daniel y Fausto Portillo, tras la confirmación no apelaron la resolución dentro del plazo correspondiente, pero lo hicieron hoy, coincidentemente luego de que la magistrada Cañete ordenara el arresto domiciliario del director financiero de la Gobernación de Central, Javier Marcelo Rojas Giménez.
“La defensa alega que el relato de hechos del acta de imputación es incompleto y, por ende, violatorio a sus derechos, pero la ley dice que el relato de hechos del acta de imputación debe ser sucinto, breve. Por esta razón, este Juzgado rechazó lo solicitado considerando que se halla ajustado a la ley”, afirman desde el Juzgado de la magistrada María Elena Cañete.
Cabe resaltar que la defensa del también imputado en la causa, Luis Eduardo Allende Araújo, exjefe de tesorería de la Gobernación de Central, también solicitó la nulidad de imputación.
El recurso fue remitido a la unidad del fiscal Rodrigo Estigarribia, quien tendrá el plazo de cinco días para su contestación. Posteriormente el análisis general quedará a cargo del Tribunal de Apelaciones.
Anteriormente, la jueza Cañete había manifestado que “en la imputación no existe ningún tipo de violación del derecho o garantía consagrada en la Constitución Nacional, el derecho internacional, o en el Código Procesal Penal”, como asegura la defensa del gobernador.
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Otras chicanas planteadas por los abogados de Hugo Javier también fueron rechazadas, como por ejemplo el pedido de reposición y apelación en subsidio contra la providencia del 02 de noviembre de 2021 que es la que convoca al gobernador para audiencia de imposición de medidas. “Se rechazó su reposición porque el Juzgado considera que no existiría agravio alguno respecto a dicha providencia ya que la misma se halla ajustada a derecho”, dijo Cañete.
Pero ya en otro momento, Andrés Casati advirtió que seguirán presentando todos los recursos que consideren oportunos y necesarios.
Tribunal ya advirtió a letrados
El pasado 25 de enero el Tribunal de Sentencia en lo Penal conformado por los jueces Gustavo Santander, Agustín Lovera Cañete y Andrea Vera Aldana, advirtió a la defensa de Hugo Javier, representada por Andrés Casati, Arturo Daniel y Fausto Portillo, sobre el abuso de recursos presentados con el objetivo de dilatar el proceso.
“Surge así que los argumentos y pruebas que acompañan los recurrentes sobre cuestiones ya resueltas, obstaculizando el avance del proceso en su fase inicial, y es importante advertir que el uso abusivo de recursos que no garantizan la vigencias plena de los derechos del encausado o que no advierten riesgos reales de conculcación, resultan lesivos del ejercicio correcto de la defensa técnica, en beneficio de los procesados y en consecuencia con el art. 16 de la Constitución Nacional”, sostienen.
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También los fiscales de la causa, Rodrigo Estigarribia, Diego Arzamendia, Francisco Cabrera y Luis Said, solicitan a las instancias correspondientes “advertir a los abogados chicaneros”, ya que varios recursos carecen de fundamentos y no se ajustan al proceso penal.
El Ministerio Público investiga la presunta malversación del fondo covid de US$ 1.000.000 (G. 6.382 millones), que el Ejecutivo desembolsó a favor de la Gobernación de Central en 2020 para generar fuentes de trabajo en el departamento Central durante la pandemia. Pero en la rendición de cuentas aparecieron facturas clonadas entre otras groseras anomalías tratando de justificar el uso del recurso.