En una audiencia de revisión de medidas realizada ante el juzgado penal de garantías especializado en Delitos Económicos N° 2, el exauxiliar fiscal José Raúl Vargas Ruiz Díaz y asistente fiscal Edert Guerrero Martínez, ambos de la sede del Ministerio Público de la ciudad de Itauguá, solicitaron medidas sustitutivas de prisión.
El defensor de Vargas argumentó que la relación laboral de su defendido con el Ministerio Público ha quedado extinguida tras su aprehensión y a la fecha, es de suma importancia que se cliente pueda salir a trabajar y poder mantener a sus dos hijos menores de edad.
Asimismo, en caso de que el juzgado decidiera rechazar el pedido de libertad, el defensor planteó que le autorice a salir de su domicilio en el horario 05:00 a 22:00, para trabajar en una empresa privada y además, ofreció un inmueble para la fianza real.
A su vez, el defensor de Edert destacó que su cliente nada tiene que ver con el hecho investigado, pues se encontraba de vacaciones cuando ocurrió el hecho y no tuvo participación alguna en lo ocurrido.
Para garantizar la fianza real, ofreció una propiedad tasada en G. 680 millones y en caso de negativa, solicitó permiso para ausentarse de su casa para trabajar de 06:00 a 15:00, para poder mantener a sus dos hijos menores de edad.
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Oposición fiscal
El fiscal Diego Arzamendia, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) solicitó la ratificación del arresto domiciliario, pues a su criterio no existen hechos nuevos que hayan modificado las circunstancias que motivaron la aplicación de la medida restrictiva de libertad, dictada el 1 de febrero pasado.
El juez de garantías José Agustín Delmás resolvió ratificar la medida cautelar de arresto domiciliario, impuesta a ambos, pero otorgó permiso especial para trabajar únicamente a Vargas en el siguiente horario: de lunes a viernes de 06:00 a 19:00 horas y los sábados de 07:00 a 15 horas.
Permiso para trabajar, sólo para uno
Con relación a Guerrero, el argumento del magistrado para rechazar su pedido de libertad y su permiso para trabajar fue el siguiente:
“En cuanto al pedido de permiso para trabajar, este Juzgador considera que no se ajusta a derecho otorgar el permiso especial a fin de trabajar, puesto que el peligro de obstrucción a la investigación no ha podido ser desvirtuado, a más de considerar que el incoado es funcionario fiscal (asistente fiscal), con lo que el peligro de obstrucción no puede ser desvirtuado, y al observar las constancias de autos, se puede notar que aquellos elementos que en su momento han motivado el dictamiento de la medida cautelar de arresto domiciliario, no han variado Por lo que este Juzgador, considera mantener la medida cautelar de arresto domiciliario impuesta a Edert Antonio Guerrero Martínez”.
Los antecedentes del caso se remontan hasta el 24 de enero pasado, cuando el fiscal Diego Arzamendia allanó la fiscalía de San Antonio, oportunidad en que procedió a detener a Vargas Ruiz Díaz, luego de que el mismo recibiera G. 2 millones de un procesado. Según la denuncia realizada por Alberto Flores el dinero es parte de una coima de G. 10 millones que Vargas y Guerrero le exigieron para favorecerlo en un proceso que soporta por supuesta violencia familiar.
Guerrero no se encontraba en la sede fiscal durante la entrega vigilada, pero fue involucrado en el caso por el denunciante, motivo por el cual ambos funcionarios fueron imputados.