Fiscal, designado para investigar supuesto lavado de dinero de Cartes, fue defendido por abogado de ex mandatario

El fiscal Osmar Legal, designado por la fiscala general Sandra Quiñónez para investigar supuestos hechos de lavado de dinero y contrabando por parte Horacio Cartes (HC), está vinculado al abogado de HC, Ricardo Preda.

Los fiscales Osmar Legal y Liliana Alcaraz fueron designado por Sandra Quiñónez para investigar supuestos hechos de contrabando y lavado de dinero vinculados al ex presidente Horacio Cartes.ABC Color
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El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) decidió enjuiciar en marzo de 2021 al fiscal Osmar Legal por no haber apelado las medidas alternativas a la prisión que dispuso el juez Mirko Valinotti en la causa “Justo Ferreira y otros s/ contrabando y otros delitos”, por la importación irregular de insumos contra el covid-19.

Legal contrató los servicios del abogado Ricardo Preda, abogado del expresidente de la República Horacio Cartes, para ser defendido ante el JEM. A sabiendas de esa situación, la fiscala general del Estado Sandra Quiñónez le asignó a Legal junto a su colega Liliana Alcaraz, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), a la investigación de los supuestos hechos de lavado de dinero y contrabando de cigarrillos en base a lo denunciado por el ministro del Interior Arnaldo Giuzzio el jueves pasado en el Congreso Nacional durante una reunión de la Comisión Permanente.

Otra sospecha que hace pensar que esta “investigación” no conduciría a un buen resultado es que el tweet de la Fiscalía General del Estado ni siquiera menciona el nombre de Cartes. Este hecho llama la atención teniendo en cuenta que Giuzzio dio nombres y apellidos de los posibles hechos ilícitos denunciado y le ubicó en el centro al exmandatario y candidato a presidir el Partido Colorado.

El Jurado, que preside Jorge Bogarín Alfonso (cartista), aún no resolvió el enjuiciamiento contra el fiscal Legal.

Liliana Alcaraz

La fiscala Alcaraz había dicho en junio de 2020 que la publicación de las Declaraciones Juradas (DD.JJ.) no es suficiente para que actúe de oficio. A su criterio no era noticia criminis porque no prueba el enriquecimiento ilícito patrimonial del funcionario público. Esgrimió el Art. 33 de la Constitución Nacional que se refiere al derecho de la intimidad. Su postura fue muy cuestionada.

Sin embargo el ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción René Fernández indicó que por el principio de la oficiosidad se debe abrir una pesquisa.

Hasta el momento ningún funcionario público está siendo investigado por supuesto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, declaración falsa como consecuencia de las DD.JJ.

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