Desde el 16 de mayo de 2019, cuando el Congreso aprobó el informe final de la Comisión Bicameral Especial sobre el Caso Dario Messer, la Fiscalía tiene conocimiento oficial de presuntos ilícitos cometidos por el “hermano del alma” del expresidente Cartes, con presunta connivencia del exmandatario y otros funcionarios de su gobierno, que al menos habrían omitido controles a las actividades ilícitas del “doleiro dos doleiros” en nuestro país.
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Messer está condenado en Brasil por blanquear activos de políticos corruptos del Brasil y que el informe de la bicameral detalló nombre de personas físicas y entidades financieras locales que se habrían prestado a un presunto esquema de lavado de dinero liderado por Messer.
Existen registros de que varias entidades financieras durante el Gobierno de Cartes emitieron Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a la Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Activos (Seprelad), entonces a cargo de Óscar Boidanich, que fueron ignorados.
Messer operó en nuestro país con organismos estatales como el Banco Nacional de Fomento (BNF) e incluso con bonos soberanos del Estado paraguayo.
Dichas actividades irregulares fueron confirmadas por ejemplo en el sumario de la Superintendencia de Bancos, que aplicó fuertes multas, pero la investigación penal no avanzó ni un paso.
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Únicamente fueron procesados Juan Pablo Jiménez Viveros (primo de Cartes) e Ilan Grinspun (administrador de Messer), pero fueron beneficiados con procedimiento abreviado, siendo condenados a 2 años de prisión, aunque no pisaron la cárcel, a cambio de “donar” G. 10 millones cada uno a la fundación San Rafael y Asoleu.
Dicha pena es risible, teniendo en cuenta que se estima que solamente mediante dos de sus empresas de maletín en Paraguay (Chai, Matrix Reality, Gramonte y Pegasus), Messer había intentado lavar unos US$ 53.689.977.
A nivel local tampoco lo alcanzó la investigación de la operación Patrón, causa abierta en Brasil por presuntamente haber financiado la estadía en clandestinidad de Messer, cuando era buscado por Brasil.
Presunta declaración falsa, en la nada
El 7 de octubre del año pasado, el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Efraín Alegre presentaba denuncia ante el Ministerio Público por declaración falsa contra Cartes.
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Esto, a raíz de la investigación periodística global del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que reveló que el expresidente no reportó en su Declaración Jurada de bienes la empresa offshore Dominicana Acquisition S.A., registrada en Panamá.
La Fiscalía local tampoco ha movido un dedo respecto a esa denuncia, a diferencia de la de Panamá, que tiene abierta una investigación por presunto lavado de dinero contra el exmandatario, solicitando incluso informes confidenciales a las autoridades paraguayas.
Ningún avance, como el metrobús
La “impunidad” que goza Horacio Cartes no solo lo beneficia a él, sino también a sus hombres de mayor confianza como Ramón Jiménez Gaona, exministro de Obras Públicas y Comunicaciones de su gobierno y actual gerente de la empresa Farmacenter, parte del grupo Cartes.
Pese a las denuncias presentadas ante Fiscalía, una de ellas en enero de 2019 por presunta estafa por el fiasco de la obras del proyecto Metrobús, el Ministerio Público nunca indagó el caso y fue llevado al punto de prescribir. El presunto perjuicio patrimonial en dicho caso es de unos US$ 50 millones y ninguna autoridad ni contratista fue procesada, pese a que la obra actualmente no existe.
No molestarlo por “morbo”
Aún durante la gestión como fiscal general del Estado del acusado y declarado “significativamente corrupto” por los Estados Unidos, Javier Díaz Verón, Horacio Cartes ya fue beneficiado con cuestionables blanqueos, uno de los casos principales, es que no fue investigado por el asesinato del joven dirigente liberal Rodrigo Quintana, a mano de Policías en plena sede del Partido Liberal Radical Auténtico.
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Lejos de buscar esclarecer si hubo o no una orden de entrar “a matar” al PLRA tras las protestas contra el intento de atropello a la Constitución Nacional para habilitar la reelección presidencia, no se analizó el cruce de llamadas incluyendo la línea telefónica del mandatario, ya que la fiscal Raquel Fernández se negó a pedir el registro de conversaciones telefónicas.
Mi trabajo “no es darles el gusto a las personas y mucho menos buscar en el morbo”, alegó en su momento la cuestionada agente fiscal.
Esa trágica madrugada del 31 de marzo y primero de abril, Horacio Cartes, su entonces “ministro asesor” José Ortiz y el funcionario de Yacyretá con amplia injerencia en la Policía, Luis Canillas, habrían mantenido varias conversaciones con el entonces comandante, Críspulo Sotelo.
Sandra Quiñónez asumió el Ministerio Público el 9 de marzo de 2018 y desde entonces no hubo muchos cambios en la línea investigativa del caso Quintana. De hecho, se agregaron varios incidentes que buscaron excluir a los padres de Rodrigo Quintana como parte de la querella adhesiva. Además, se omitió toda presunta responsabilidad de los superiores, apuntando toda la culpa al suboficial Gustavo Florentín.