La Contraloría General de la República (CGR) emitió, luego de nueve meses, su informe final sobre la Fiscalización Especial Inmediata (FEI) a la Gobernación del Departamento Central (GDC), administrada por el imputado Hugo Javier González, sobre el uso de G. 6.382 millones (US$ 1.000.000) del fondo de emergencia por el covid-19. El equipo auditor ratificó sus quince observaciones en el manejo de la plata pública entregada a finales del 2020 al exanimador de fiestas para la reactivación económica.
La auditoría señala como primera anomalía que la GDC transfirió G. 5.105 millones al Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), presidido por el imputado Tadeo Álvarez, y G. 1.276 millones al Consejo Regional de Salud, a cargo de Hugo Cabrera, mediante cheques y no por transferencias bancarias. Esta práctica viola la Ley Nº 6672/21 “Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2021″.
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La segunda observación ratificada es que el jefe departamental entregó dinero para obras diversas a la ONG CIAP. Sin embargo, la entidad “sin fines de lucro” no estipula en su acta de constitución esta finalidad.
En tercer punto está que CIAP y el Consejo Regional rindieron cuentas sobre los fondos con un atraso de 17 días. Igualmente, la GDC presentó su rendición “fuera del plazo establecido”.
La cuarta irregularidad habla sobre la presentación de facturas por G. 777 millones de Asunción Ofertas, de Édgar Arriola. Los comprobantes son por construcción y mantenimiento de espacios públicos, empedrados, etc. Sin embargo, la firma tiene como rubro principal comercio de ramos generales.
Otra observación tiene que ver con una factura contado por G. 593 millones del Grupo Metalúrgico MG de Miguel Gutiérrez, presentada por el Consejo Regional. Según el comprobante, el organismo compró de la citada empresa mobiliarios hospitalarios sin que este sea su rubro principal.
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Sobre esta misma factura, la CGR también detectó que la fecha es anterior al desembolso de la plata pública. Entre las demás irregularidades están la falta de actas de recepción provisoria de las obras, no hay plazo de ejecución e incongruencias entre las fechas de celebración de los contratos y las construcciones.
Un descargo completamente refutado
El descargo del actual gobernador y exanimador de fiestas, el imputado Hugo Javier González, fue refutado en su totalidad por el equipo auditor de la CGR. El jefe departamental intentó tapar las anomalías con argumentos como que los documentos que respaldan las rendiciones de cuentas son responsabilidad de las entidades receptoras de las transferencias de fondos para la ejecución de los proyectos. Al respecto, la CGR señala en forma contundente que es la GDC la beneficiaria de los fondos de emergencia y la que debe rendir cuentas en el marco del Art. 45 de la Ley 6524/2020.
Auditores confirman el reemplazo de facturas
“Del contraste entre los comprobantes respaldatorios presentados en fecha 12/05/21 en el portal situado en la página web de la Contraloría General de la República y de la rendición de cuentas rectificativas de facturas por otras en fecha 02/07/21, se constataron inconsistencias tales como reemplazo de facturas por otras de proveedores diferentes, montos y conceptos diferentes correspondientes a las transferencias de recursos de la administración de la Gobernación de Central a la ONG CIAP”, dice otra observación del ente de control sobre el uso del primer millón de dólares.
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Un punto llamativo es que el informe no menciona un monto específico sobre los comprobantes cambiados. Sin embargo, una primera verificación de la Secretaría Nacional de Anticorrupción (Senac) y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) había encontrado el reemplazo de facturas por más de G. 1.600 millones.
Los cambios se realizaron luego del escándalo sobre la aparición de facturas clonadas para justificar el uso de los recursos públicos.
El gobernador cartista Hugo Javier González junto a otras 14 personas está imputado por lesión de confianza, asociación criminal y otros presuntos hechos punibles en el marco de estas transferencias.