Noelia Ramona Acuña, de 33 años, quien vive en la ciudad de Encarnación, desde su cama postrada en medio del llanto suplica para que el IPS le deje seguir su tratamiento contra el cáncer de mama y también le provea sus calmantes que le ayudan a sobrellevar la fractura de cadera.
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Fue excluida del seguro del Instituto de Previsión Social (IPS) porque había recibido el subsidio denominado Pytyvõ fronterizo y el Ministerio de Hacienda le generó desde la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) un RUC comercial. Su marido ya recurrió a ambas instituciones y simplemente le dicen que aguarde dos años para dar de baja su RUC, y mientras tanto el cáncer sigue avanzando.
Esta madre de cuatro niños pequeños simplemente no tiene el contacto político o la suerte del pastor Emilio Abreu que consiguió sin mucho trámite que el IPS, sin ser asegurado, le realice una costosa operación.
Doña Noelia el año pasado accedió al subsidio Pytyvõ, recibió G. 500.000 que el Gobierno nacional destinó para los comerciantes fronterizos y el Ministerio de Hacienda le agregó como contribuyente, por lo cual el IPS le dejó sin seguro social y desde hace cinco meses la enterró en la burocracia pues no puede dar de baja su RUC, y por ende el IPS le niega el tratamiento, pese a que su esposo Javier Sosa tiene 14 años de aporte.
“Yo necesito que me desbloqueen mi IPS, porque yo accedí a un G. 500.000 del Pytyvõ fronterizo y me bloquearon mi IPS, necesito mi remedio, tenía que operarme ya hace rato y no se pudo, pero lo que necesito más urgente es mi IPS, ya luchamos muchísimo y no se pudo”, clamó Noelia Acuña postrada en su cama.
“Yo trabajo durante 12 horas diarias para poder tener mi IPS y hace 14 años que soy aportante y ahora no le dan la atención que se merece a mi esposa. Ya me fui al IPS y a Hacienda y simplemente se tiran la pelota, me dicen que mínimo en dos años se va a dar de baja su RUC, que ellos mismo le crearon y me dejaron sin seguro”, dijo Sosa, indignado por la situación.
La mujer necesita diariamente aceite de cannabis que cuesta G. 340.000, también usa morfina, que es un medicamento controlado y cuesta conseguir. Además requiere de una prótesis de platino que cuesta G.18.800.000 y otra prótesis de titanio de G. 6.600.000 para poder operarse. La familia ya recurrió a rifas, polladas y todo tipo de actividades para poder completar el dinero, pero lastimosamente no le alcanza y cada día el dolor es más intenso.
“Trabajo también en refrigeración y después de salir de mi trabajo de guardia debo hacer mi extra. Descanso una hora nomás por día, para que a mi esposa no le falte nada, y ahora ya no me alcanza porque no tenemos IPS”, dijo Sosa.
Este es solo uno de los innumerables casos divulgados en los últimos días donde IPS aprovecha cualquier excusa para evitar asistir a beneficiarios legítimos.
Mandado 2 veces a casa y le negaron internación
Un aportante del Instituto de Previsión Social (IPS) que sufrió un grave accidente de tránsito el pasado 16 de enero y pese a requerir atención de “urgencia”, estuvo deambulando 3 días entre su casa y el hospital. Justo cuando lo iban a atender, en IPS se negaron a hacerles estudios porque supuestamente ese día vencía su cobertura, debiéndose presentar un amparo judicial.
Según se detalla en el Amparo, C.D.G.B. (cuya identidad nos reservamos para no exponer al paciente sin su autorización) inició su calvario ese 16 de enero, cuando tras accidentarse, fue trasladado al Hospital de Trauma, pero al ser asegurado de IPS, fue derivado al Hospital Central de la Previsional.
Esa madrugada, del IPS lo mandaron a su casa sin mayores estudios, pese a no estar plenamente consciente y sufrir convulsiones, lo que lo obligó a acudir nuevamente el domingo a buscar asistencia. Se le realizó una placa y se percataron de que en realidad había sufrido la fractura de tres costillas, pero aún así recetaron calmantes y lo mandaron a casa.
El lunes 17, sin poder tragar bocado, fue a un médico privado, que constató que su situación era grave y recomendó que vayan al IPS para ser internado. Ya en “urgencias” de hospital central de IPS, lo tuvieron aguardando varias horas en una silla de rueda, para luego decirle que no le iban a hacer sus estudios, porque ese 17 vencía el pago que hizo la patronal. A raíz de eso presentó el amparo, del cual desistieron finalmente, porque recién se resolvió 4 días después.
“En las condiciones que esta mi esposo, cuentan las días, horas y minutos de vida, sin embargo en el IPS le privan de internación y realización de estudios para su tratamiento, así como la provisión de tratamiento lo cual es inhumano. Realmente son inhumanos, no se dan cuenta que sin la atención que mi marido requiere el va morir con lo cual se va configurar la omisión de auxilio”, reclamó la accionante, esposa de C.D.G.B
“Vocación de servir” selectiva
En el comunicado emitido días atrás para justificar el tratamiento para el pastor Emilio Abreu, el Instituto de Previsión Social (IPS) alega que prestan dicho servicio como una “reafirmación de su vocación de servir y su compromiso con el país”.
Lo que cuestiona la ciudadanía no es el tratamiento al pastor evangélico, a quién nadie niega su derecho al acceso a la salud, sino la diferencia de criterio de la previsional, que obliga a sus aportantes a recurrir a amparos para exigir lo que legítimamente les corresponde.