Hace más de un mes que los pobladores de la Colonia Aguapety de esta ciudad vienen denunciando que el cauce hídrico que divide a los departamentos de Caaguazú y Guairá está siendo secado a causa del bombeo discriminado del agua por dos arroceras que se encuentran en el distrito de Dr. Botrell, del departamento del Guairá. La fiscalía del Medioambiente de Coronel Oviedo y Villarrica se pasaron tirándose las responsabilidades y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) se limitó a realizar una intervención, pero hasta ahora no emitió una resolución sobre el caso.
Ante esta situación, técnicos asesores fueron enviados por el propio presidente de la Comisión permanente del Senador, Sixto Pereira (FG), quien solicitó el relevamiento de datos con el fin de buscar mecanismos de sancionar a los responsables del crimen ambiental.
El técnico asesor de la Comisión del Ambiente del Senado, Ing. Víctor Benítez Insfrán, dijo que la intención era hablar con los propietarios de las arroceras y entrar en los terrenos para verificar las instalaciones, pero que dicha situación no se dio, en vistas de que los portones estaban cerrados y los técnicos del Mades no quisieron acompañarlos. Comentó que, de igual forma, pudieron ver que en la propiedad existen cauces hídricos artificiales con rastros de que recientemente tenían agua y que ante esta situación solicitarán a las instancias correspondientes poder ingresar a los arrozales del lugar.
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Por su parte, el lugareño Cristian Aldama dijo que no están en contra de que los productores de arroz utilicen el cauce hídrico para sus cultivos, pero sí repudian la explotación indiscriminada del arroyo Aguapety, que ya está quedando sin agua. Dijo que el cauce hídrico sirve para dar de beber a los animales, provisión de agua potable y para refrescarse, pero actualmente está quedando sin agua que incluso está afectando la fauna de su alrededor. Lamentó la desidia de las autoridades de la fiscalía y del Mades, que no actuaron a tiempo para evitar el crimen ambiental.
Pobladores y los técnicos de la Cámara de Senadores acordaron en relevar todos los informes y posteriormente llamar a una audiencia pública con el fin de solucionar el conflicto.
Intervención de la fiscalía
El sábado pasado, la fiscala del Medioambiente de Coronel Oviedo, Marta Leiva, intervino en las dos arroceras y prohibió que los motores de la bomba de agua sigan operando. Lacró todos los equipos con el fin de evitar su utilización. Pero justo este día, Leiva fue recusada por los propietarios de la arrocera y el caso quedó suspendido.