El proceso a Eulalia Cardozo y otras nueve personas, entre ellas otros dirigentes campesinos acusados por lesión de confianza como consecuencia de un perjuicio de más de G. 4.000 millones, está rumbo al oparei. Esto porque desde el 2019 los acusados posponen el juicio con múltiples recursos y ayer no fue diferente.
Cuando el Tribunal de Sentencia presidido por Lourdes Peña e integrado Blanca Gorostiaga y Manuel Aguirre se disponía a dar inicio al juicio oral, una recusación presentada por el abogado Diego González, defensor de Cardozo, impidió su inicio.
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El defensor argumenta que los magistrados incurrieron en parcialidad manifiesta, al pretender dar inicio al juicio sin tener su competencia firme. Según González, la resolución por la cual se rechazó la recusación anterior contra el colegiado fue recurrida el 6 de diciembre pasado y a la fecha, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia no ha resuelto aún.
Además de Cardozo, también están acusados Rafael Luis Aguayo y Antonio Gayoso, integrantes de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC), Irma Piñánez, también de Conamuri, así como Luis Gilberto Ruiz y Esther Leiva, cabezas de la Asociación Nacional de Productores Agropecuarios (Anapa), Ronald Hernán Guerrero Ovelar y Armando Ignacio Báez Ferreira, de la Fundación Nación Guaraní.
La lista de acusados prosigue con el exfuncionario del Indert, César Agustín González Parini y Sergio Sebastián Ortega.
La acusación a cargo del fiscal de delitos económicos y anticorrupción Leonardi Guerrero revela que los acusados ocasionaron un perjuicio de G. 4.077.790.616 al Instituto de Desarrollo de la Tierra (Indert), en el año 2011. La suma referida les fue proveída a las distintas ONG para la ejecución de distintos programas en comunidades rurales, que en algunos casos no se concretaron y en otros se materializaron parcialmente.