La Ley N° 6873 de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022, que entró en vigencia este mes, establece en su artículo 54 el programa retiro voluntario de funcionarios públicos de la carrera civil y autoriza su aplicación de acuerdo a la disponibilidad de créditos presupuestarios.
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La normativa indica que los funcionarios tendrán derecho a una compensación para su desvinculación laboral sin perjuicio de la jubilación o devolución de aportes de acuerdo al régimen legal de las respectivas cajas de jubilaciones.
Se dispone que por cada tres funcionarios que se acojan al retiro voluntario, el Equipo Económico Nacional (EEN) habilitará un cargo vacante previsto en el anexo del personal del organismo y entidad del Estado, para la incorporación de funcionarios, mediante los procedimientos previstos en las disposiciones legales vigentes.
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Los requisitos para el cuestionado retiro de los funcionarios permanentes son los siguientes: a) que tengan menos de 58 años de edad y más de 20 años de antigüedad en la Función Pública; y b) quienes tengan 65 años de edad y más, y no reúnan los años de aportes requeridos para la jubilación obligatoria.
Las condiciones fueron modificándose con el correr del tiempo para mantenerse en ésta última versión desde hace algunos años, antes directamente se beneficiaban con un monto millonario en concepto de compensación y luego se acogían a la jubilación.
No podrán reincorporarse
La ley establece igualmente que los funcionarios que van a retiro voluntario no podrán ser reincorporados a la administración pública por 10 años, salvo para el caso que ocupen cargos de conducción política.
En 2019 el Parlamento decidió suspender la aplicación del programa de retiro voluntario y reasignaron los fondos previstos, unos US$ 20 millones en aquel entonces, a otros gastos que consideraron prioritarios. Sin embargo, al año siguiente de nuevo se previeron los fondos en el presupuesto.
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El retiro voluntario está contemplado en la ley de la Función Pública e, inicialmente, se asignaron recursos en el presupuesto con el objetivo de reducir el número de cargos y el gasto salarial, lo que nunca sucedió porque ambos aumentan cada año.
El año pasado se crearon más de 7.600 cargos y para el presente ejercicio 2022, durante el estudio del proyecto de presupuesto en el Congreso, se aprobaron más de 1.000, en coincidencia con el año electoral que vive el país. De acuerdo a los datos preliminares, la cantidad de cargos en el PGN 2022 supera los 313.000.