El exdirigente de fútbol luqueño Ramón González Daher (RGD), condenado en primera instancia por usura grave, lavado de dinero grave y denuncia falsa, ahora afronta otra imputación preliminarmente por el supuesto delito de denuncia falsa, como parte del conocido esquema de “apriete” utilizando a la justicia.
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La imputación fue presentada el 30 de diciembre pasado por la agente Sandra Ledesma por declaración falsa. La misma ordenó su detención y dicho requerimiento fue remitido recién ayer a la Comandancia de la Policía Nacional para su cumplimiento.
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“En atención al peligro de fuga, ya que sobre el mismo pesa una condena de 15 años de pena privativa de libertad, solicité su detención. En el marco de dicha causa se realizaron varias diligencias, pedidos de informe a los bancos, testificales y se solicitaron compulsas del expediente donde el señor Ramón habría denunciado falsamente a la víctima en el cual se había desestimado”, dijo la fiscala Ledesma.
La causa es la número 8496/20 y el denunciante es Salvador Dionicio Aquino. El imputado González Daher había denunciado a Aquino por estafa y dicha causa fue desestimada por el Juzgado de Garantías, por lo tanto la víctima denunció a González Daher por denuncia falsa, según manifestó la fiscala Ledesma.
Según agregó el abogado de Aquino y otras presuntas víctimas de RGD, Horacio Liafayre, el caso es un claro ejemplo del “modus operandi” de González Daher en su esquema de estafa con cheques y de apriete judicial.
“Se demuestra cómo actuaba este señor, a todas las personas a las que de alguna manera les daba préstamos usurarios, ya que se devolvía (el dinero) pero se quedaba (él) con los cheques y con esos cheques después presentaba la denuncia por estafa”, explicó Liafayre.
El modus operandi que refiere es idéntico al que quedó demostrado en juicio y del que fueron víctimas 156 personas, hecho por el cual el Tribunal tuvo que pedir perdón en nombre de la Justicia, ya que fiscales y jueces se habrían prestado para los “aprietes” del clan González Daher.
En este esquema también tenía presuntamente injerencia el hermano de Ramón, el fallecido exsenador condenado Óscar González Daher.
El exlegislador también había sido condenado por tráfico de influencias en el conocido como caso audios, donde se destapó el sometimiento de jueces y fiscales por parte del mismo, cuando era titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
“Todas las denuncias de este señor (...) son un calco, lo único que cambia son los montos y los nombres (de las víctimas)”, agregó el abogado de Salvador Aquino, que también consideró presentar una querella adhesiva, incluyendo la figura penal de estafa en grado de tentativa.
Este nuevo proceso a RGD se suma a la imputación y pedido de prisión preventiva por quebrantamiento de depósito, por el robo de cheques del juzgado de Humberto Otazú, entre otros en investigación.
Agente y jueza denunciadas
El abogado de Salvador Aquino, Horacio Liafayre, también representa a otras víctimas de Ramón González Daher (RGD), entre ellas al empresario y dirigente de fútbol, Epifanio Rojas, quien presentó otra denuncia, pero que a diferencia del caso de Aquino, salpica a una fiscal y una jueza penal de Garantías de Luque.
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Rojas, que conoció a González Daher en el ambiente deportivo, recurrió al mismo para un préstamo de dinero, volviéndose presuntamente en una víctima más del esquema de apriete, que en su caso sí se concretó.
A modo de cobrarle dinero, RGD presentó en base a cheques una denuncia contra Rojas por supuesta “estafa”, que según explicó Liafayrela, fue admitida con sugestiva celeridad por la fiscal de la Unidad Nº 2 de Luque, Sonia Pereira y por la jueza penal de Garantías de la misma ciudad, Jennifer Insfrán.
Según el abogado, sin investigar ni considerar “absolutamente nada, van contra él (Epifanio Rojas) directamente” y denunció además que habrían falsificado documentos para meter en prisión a su cliente.
“Encima falsifican también la cédula de notificación para la audiencia indagatoria y ordenan la captura de mi defendido. Epifanio tiene 82 años, cáncer y una pierna menos y tuvo que estar un día preso porque falsificaron la cédula de notificación”, relató.
“El no estaba enterado ni que estaba imputado ni que tenía una audiencia indagatoria”, remarcó, por lo que en este caso además de la denuncia contra RGD, piden la imputación de las funcionarias judiciales por los presuntos delitos de persecución de inocentes y prevaricato. La Fiscalía conformó un equipo de investigación a fiscales y jueces presuntamente cómplices del esquema de RGD, sin embargo hasta ahora no hay imputados.
RGD aún no fue detenido
Pese a que la orden de captura de la fiscala Sandra Ledesma ya fue emitida el 30 de diciembre del año pasado y recién ayer se comunicó a la Comandancia de la Policía para que proceda, la captura de Ramón González Daher aún no se hizo efectiva.
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Como el pedido no incluye una orden de allanamiento a la vivienda del exdirigente deportivo, donde se presume puede estar actualmente, su detención únicamente puede darse una vez que se encuentre en la vía pública.
Hasta hace apenas unos días y pese a su condena de 15 años de prisión, la cual fue apelada, RGD realizaba campantemente caminatas diarias por la ciudad de Luque, siempre acompañado de personas y escoltado por una camioneta, lo que se presume actualmente ya le será imposible.
Además de este pedido de la fiscala Ledesma, González Daher cuenta con una solicitud de la fiscala Natalia Cacavelos de prisión preventiva por el caso de robo de cheques del juzgado de Humberto Otazú, en el cual está imputado por quebrantamiento de depósito.
Justamente ayer, RGD debía presentarse a audiencia de imposición de medidas ante el juez penal de Garantía, Gustavo Amarilla, pero la diligencia se suspendió por una apelación presentada por la defensa del exdirigente de fútbol.
Con este incidente, el Tribunal de Apelaciones de feria, integrado por los camaristas Delio Vera Navarro, Bibiana Benítez Faría y Gustavo Auadre Canela deberán definir si dan o no lugar a la acción presentada por los abogados de RGD.
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En el caso del rechazo, se deberá fijar una nueva fecha de audiencia, a la cual el influyente luqueño estará obligado a asistir, y de no hacerlo, el juez podrá emitir otra orden de captura. Varios fiscales coinciden en el riesgo de fuga del investigado.