La propuesta, presentada el 6 de enero pasado por el diputado Hugo Ramírez (ANR-oficialista), dispone que el incumplimiento de la ley motivará, en el caso de los espectáculos masivos, una multa a los organizadores de eventos de hasta 500 jornales mínimos (unos G. 40 millones).
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Ramírez había manifestado su intención de que el proyecto sea tratado a la brevedad e inclusive anunció que se podría tratar conjuntamente con la nueva ley de emergencia presentada por el Ejecutivo. Pero, hasta ahora, el tema no se debatió siquiera en la Comisión Permanente del Congreso, que tiene la atribución de convocar a una o ambas cámaras.
El proyecto causó mucha polémica y el sector cartista de la Cámara de Diputados, a través de su líder Basilio Núñez, rechazó de plano la propuesta, señalando que iba en contra de la Constitución Nacional y era discriminatoria contra un sector de la población que opta por no vacunarse contra el Covid-19.
Núñez anunció que presentaría a su vez un proyecto para declarar a la Cámara de Diputados defensora de la libertad y contraria a la discriminación, pero hasta el momento no concretó su promesa.
Según trascendió el proyecto de Ramírez no tendría el aval del Poder Ejecutivo en general, aunque el Dr. Hernán Martínez, viceministro de Salud, manifestó su simpatía por la posibilidad de que se pueda vacunar a más del 80% de la población mediante esta disposicíón.
No obstante, dijo que los constitucionalistas deberán determinar si la ley coarta derechos fundamentales, tal como manifiestan quienes se oponen al proyecto.
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Al respecto, también opinó el senador Jorge Querey (Frente Guasu), médico especializado en neumología quien señaló que, desde el punto de vista sanitario, consideró que lo ideal es que la mayor parte de la población se vacune contra el Covid-19. Sin embargo, dijo no ser partidario de obligar a vacunarse porque lesionaría derechos individuales. Indicó que lo mejor era adoptar medidas para evitar los contagios masivos.