El actual presidente del Colegio de Escribanos del Paraguay, Jorge Augusto Miller Donna, presentará esta mañana a las 10:00 la denuncia penal en la Fiscalía General del Estado, contra personas innominadas que involucra a anteriores comisiones directivas de este gremio en presuntos hechos delictivos como lesión de confianza y apropiación, por la mala administración de los fondos.
De igual manera, la denuncia incluiría también la no remisión de dinero a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de lo percibido por el Colegio de Escribanos por la venta de materiales de uso notarial, desde el año 1999 a 2020. Por este hecho, la Corte le realizó una demanda de ”rendición de cuentas” al gremio de escribanos por casi US$ 8 millones, que se encuentra en trámite.
Miller Donna en varias ocasiones indicó que no desconocían la obligación histórica que asumió el Colegio de Escribanos con la Corte Suprema de Justicia respecto a que tenían el compromiso de transferir las sumas de dinero que se percibía por la venta de materiales de uso notarial.
La Corte había delegado al Colegio de Escribanos la percepción por la venta de materiales de uso notarial entre las que se encuentran las hojas de protocolo, hojas de actuación notarial con rayas, hojas de actuación notarial sin rayas, hojas de seguridad notarial, hojas de certificación de firmas, hoja de legalización, libro de registro de firmas, libro de índice anual, entre otros materiales, pero la condición era que el 70% de lo recaudado debía ser destinado a la Corte, pero esto no se cumplió.
Por la Acordada de la CSJ N° 117/99 se ordenó transferir a la tesorería de la Corte el 70% de los ingresos generados por la venta de materiales notariales. Posteriormente, por Acordada N° 89 de fecha 4 de marzo del 2014, se ratifica el Art. 3° de la Acordada N° 117/99, y se ordena el cumplimiento de la totalidad de lo dispuesto en dicha acordada.
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La auditoría
La auditoría ordenada por la actual Comisión Directiva concluyó que desde el periodo 2009-2010 que correspondió a Gladys Delia Lichi Battilana, como presidenta del Colegio de Escribanos del Paraguay, en este tiempo el gremio percibió G. 3.582.091.272 por la venta de materiales de uso notarial. De este monto le correspondía a la Corte G. 2.507.463.891, que representaban al 70%, y el 30% restante era para el gremio G. 1.074.627.381
En el periodo 2011-2012 bajo la presidencia del Colegio de Escribanos que le correspondió a Roberto Escobar González, se llegó a recaudar G. 4.495.504.839, siempre por la venta de materiales de uso notarial. A la Corte se le debió transferir G. 3.146.853.987 (70%) y el gremio se debió quedar con G. 1.348.651.452 (30%).
Durante el periodo 2013-2014, que igualmente le correspondió presidir el Colegio de Escribanos a Roberto Escobar González, se llegó a percibir por la venta de materiales de uso notarial G. 6.155.209.618. A la Corte se le debió remitir G. 4.308.646.732 (70%) y al gremio le correspondía G. 1.846.562.885 (30%)
Ana Manuela González Ramos ejerció la presidencia del Colegio de Escribanos durante el periodo 2015-2016, tiempo en el cual se recaudó por la venta de materiales de uso notarial G. 5.872.376.431. Entonces a la Corte se le debió remitir G. 4.110.663.502 (70%) y al gremio le correspondía G. 1.761.712.929.
En el periodo 2017-2018, Ana Manuela González Ramos hizo el rekutu en la presidencia del Colegio de Escribanos. En esos años de su gestión, se recaudaron unos G. 5.510.127.382, de los cuales G. 3.857.089.167 debía ser destinado a la Corte, y la diferencia de G. 1.653.038.215 era para el gremio.
Finalmente, en el periodo 2019-2020, durante la presidencia del Colegio de Escribanos que correspondió a Roberto Escobar González, se percibió por la venta de materiales de uso notarial G. 5.702.143.938, y de este monto, le correspondía a la Corte G. 3.991.500.757, y G. 1.710.643.181, a los escribanos.
De la suma total percibida por la venta de materiales de uso notarial, según la auditoría, se recaudaron unos G. 31.317.453.480, de los cuales G. 21.922.217.436, debían ser transferidos a la Corte, lo que a su vez al cambio actual representan unos US$ 3.223.855.
Sin embargo, la Corte en su demanda de rendición de cuentas, reclama al Colegio de Escribanos una suma cercana a los US$ 8 millones, pero hay que tener en consideración que el periodo demandado es desde 1999 a 2020 (22 años).
La auditoría encarada por el Colegio de Escribanos es desde el 2009 al 2020 (12 años).