El exfutbolista y actual gobernador de Canindeyú, César “Tigre” Ramírez (ANR, cartista), expresó que la Asociación Pro Desarrollo del Norte, presidida por Carlos Alberto Castillo, y Asociación Pro Apoyo al Consejo Departamental de Salud, a cargo Rober Darío Bogado, está integrada por personas respetadas y activas de la comunidad. Así trató de defender el desembolso de los G. 6.382 millones (US$ 1.000.000 al cambio de finales del 2020) del fondo covid a ambas entidades “sin fines de lucro”.
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El jefe departamental relató que, incluso, las ONG ya trabajaron con la institución departamental en otros proyectos. Siendo el resultado positivo, como la compra de una planta generadora de oxígeno del departamento de Canindeyú, dijo.
Estos antecedentes, según Ramírez, sirvieron para volver a elegirlos como beneficiarios del dinero público. “Nosotros recibimos la plata el 28 de diciembre de 2020. Esa plata teníamos tiempo para ejecutar hasta febrero de 2021, por eso nos reunimos con los administradores y de ahí se le comunica a la comisión de que se iba a trabajar con ellos”, señaló el jefe departamental el miércoles último en comunicación con ABC.
El exfutbolista reconoció que primero existió “un trato verbal” y luego se completó la documentación adjunta a la rendición presentada ante la Contraloría General de la República (CGR). Sin embargo, Ramírez en un intento por tapar esta grave irregularidad, culpó a cambios administrativos con respecto a la denominación de las comisiones.
“En realidad veníamos con un cambio de comisión a asociación”, expresó en otro momento.
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El jefe departamental afirmó que todas estas cuestiones no pasan de un “error administrativo” y no representan un daño patrimonial porque todas las obras se hicieron. Sin embargo, deja en evidencia el manejo discrecional que tuvieron los millones transferidos por el Poder Ejecutivo para la reactivación económica.
Pedido luego de culminar
La documentación presentada por Ramírez ante la CGR reveló que las ONG beneficiadas firmaron contratos con empresas contratistas antes de presentar su pedido oficial a la gobernación. Incluso, salta que la obra de mejoramiento y ampliación del puesto de salud de Yasy Cañy, por ejemplo, tuvo recepción definitiva antes de la solicitud y desembolso de la institución.
La Asociación Pro Apoyo al Consejo Departamental de Salud solicitó al “Tigre” Ramírez los G. 1.276 millones para dicha construcción el 7 de junio de 2021. Lo curioso es que la gobernación recibió en forma definitiva la obra el 3 de mayo de 2021, según los papeles.
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Es decir, un mes después de la culminación de la obra ingresó recién lo que era el proyecto.
La Asociación Pro Apoyo al Consejo tenía como miembro al entonces funcionario de la institución departamental, Nolberto Martínez Toledo, cuando presentó su pedido y recibió la plata pública.
“Es simplemente un vocal”, dice Ramírez
El gobernador de Canindeyú, el cartista César “Tigre” Ramírez, recurrió ayer a la red social del Facebook para “contestar” las publicaciones sobre la integración de Nolberto Martínez Toledo, exfuncionario de la gobernación y empleado de la estancia de su madre en las dos ONG beneficiadas con los fondos covid. Según el jefe departamental, el joven de 23 años ya no era funcionario de la institución cuando las asociaciones recibieron los G. 6.382 millones.
Dijo que tampoco hubiera existido inconveniente que integre la asociación siendo empleado de la institución departamental porque no hay una ley que prohíba taxativamente dicha acción.
Ramírez, en el intento de justificar la presencia de Martínez Toledo, señaló que es simplemente el vocal de una de las asociaciones. “Él no maneja recursos, él no hace extracción, no firma cheques; lo que sí hacen el presidente y tesorero”, expresó.
En otro momento, el gobernador reiteró que las falencias hasta ahora detectadas en la rendición sobre el uso de los G. 6.382 millones son faltas administrativas por parte del contador de la comisión. “La responsabilidad de la Gobernación es no haber detectado esas faltas administrativas que hoy estamos corrigiendo a través del nuevo auditor”, dijo.
Finalmente, Ramírez dijo que solicitará a la Contraloría General de la República (CGR) una auditoría a su gestión sobre el uso de los fondos covid como también de las supuestas obras realizadas con dichos recursos.