El Poder Ejecutivo promulgó ayer jueves la ley de presupuesto 2022 sin objeción alguna y puso en vigencia las disposiciones que fueron aprobadas por el Congreso, tanto ingresos como gastos y así mismo las medidas previstas en los 283 artículos.
Aunque desde el Ejecutivo desde el principio se señaló que estaban conforme con el proyecto de presupuesto sancionado por el Poder Legislativo, posteriormente se especuló de que podría aplicarse un veto parcial atendiendo que incluía algunos artículos con los cuales no estaban muy de acuerdos, pero finalmente esto no ocurrió.
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Uno de estos artículos es el 241, que exonera del pago del peaje correspondiente a todas las ambulancias y unidades de emergencia médica pública y privada, en servicio, vehículos oficiales de las Fuerzas Públicas y a los Cuerpos de Bomberos. Sin embargo, los legisladores le agregaron un párrafo siguiente: “Exonérase del pago en el peaje ubicado en el Distrito de Ypacaraí, a los vehículos de ciudadanos habitantes en dicho distrito”.
Además, dispone que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en colaboración con la Municipalidad de Ypacaraí, establecerá la reglamentación del procedimiento informatizado que sea eficiente, rápido y trazable”.
Se vetó una ley similar
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, mediante Decreto N° 6309, del 19 de noviembre del año pasado, había vetado totalmente el proyecto de ley que modifica el presupuesto vigente y exoneraba precisamente del pago del peaje a los pobladores de Ypacaraí.
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Uno de los argumentos del veto es que en 2019 la flota de vehículos de la mencionada ciudad fue de 10.160, en el estimado que el 10% de ese total de vehículos realice un viaje de ida y vuelta por día se tendría un impacto aproximado de G. 314.960.000 solo en el mes de diciembre de 2021 y, en caso de aprobarse el proyecto de ley, se estaría requiriendo que el Tesoro aporte recursos adicionales a fin de cubrir los compromisos asumidos con esa fuente de ingreso.
La ley del PGN 2022, finalmente, fue promulgada sin objeción porque desde Hacienda consideraban que aún aplicando un veto parcial imposibilitaría su ejecución e iban a estar a la espera de la decisión del Congreso.