El gobernador de Canindeyú, César “Tigre” Ramírez (ANR, cartista), remitió a la Contraloría General de la República (CGR) documentación precaria para rendir los G. 6.382 millones (US$ 1.000.000 al cambio de finales del 2020) del fondo covid. En un primer momento se logró evidenciar que, al igual que su colega y correligionario de Central Hugo Javier González, entregó a las apuradas los fondos a dos ONG.
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Sin embargo, ahora salta que el exfutbolista también usó papeles con graves errores. La Asociación Pro Desarrollo del Norte, presidida por Carlos Alberto Castillo, y la Asociación Pro Apoyo al Consejo de Salud Departamental, a cargo de Rober Darío Bogado, presentaron actas, contratos y hasta facturas con notorias deficiencias.
Tres obras
Uno de los documentos que presenta groseras equivocaciones es el acta N° 4 de la Asociación Pro Apoyo al Consejo Departamental de Salud, con fecha 20 de marzo de 2021. Además, del error en el número y fecha con respecto al acta N° 3, surge que en un solo papel se mencionan tres obras distintas.
En el primer párrafo del documento se cita que el motivo de la reunión era “a fin de analizar y adjudicar obra de mantenimiento y perfilados de caminos en el distrito de Curuguaty”. Más abajo, luego de la bienvenida del presidente dice que el orden del día es: “Adjudicación de obra de mejoramiento y ampliación de Puesto de salud de Yasy Cañy”.
Por último, menciona que el presidente presenta la carpeta de las tres empresas participantes para la ejecución de obra de pavimento tipo empedrado.
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Es decir, en el documento usado para justificar la contratación de la empresa Design & Proyect, representada por Arnaldo Andrés Mendoza Portillo, por G. 1.276 millones existen tres trabajos. La constructora, sin embargo, supuestamente estuvo a cargo solo de los trabajos en el puesto de salud de Yasy Cañy.
¿Comisión o asociación?
Otro punto que llama la atención es que el gobernador de Canindeyú firmó las órdenes de pago en febrero de 2021 a favor de la Comisión Pro Desarrollo del Norte, con RUC 80106910-6. Pero, en los documentos adjuntos a la rendición de cuentas presentados ante la CGR aparece el estatuto de la Asociación Pro Desarrollo del Norte.
Más llamativo es que los contratos firmados también en febrero de 2021 para justificar la contratación de las empresas para la realización de empedrados se realizó mediante la Asociación Pro Desarrollo del Norte, con RUC 80115182-1. Es decir, dos personas jurídicas totalmente distintas, pero con la misma comisión directiva.
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Las facturas emitidas por la Comisión Pro Desarrollo del Norte tienen como fecha de inicio de su timbrado 06/01/2021, otorgado por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET). Es decir, un mes antes de recibir los G. 5.105 millones por parte del “Tigre” Ramírez.
En el desembolso, entre agosto y setiembre de 2021, del otro millón de dólares del fondo covid, las órdenes de pago de la gobernación ya estuvieron a nombre de la Asociación Pro Desarrollo del Norte. Y aparecieron otras facturas de numeración baja, con inicio de timbrado el 15/07/2021 y con una vigencia de apenas tres meses, según la documentación.
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