La queja de la ciudadanía se trató en sesión de la Junta Municipal. En la ocasión, la concejala Margarita Miró (PLRA) manifestó que se debe recomendar al intendente a que dé cumplimiento a la ordenanza 06/2001 que en su artículo 14 señala que los peatones deben hacer uso de las aceras. En el artículo siguiente señala que ningún particular podrá comerciar en calzadas o veredas, salvo en los casos debidamente autorizados por la comuna.
Asimismo, en el artículo 24 describe que queda totalmente prohibido estacionar sobre la calzada de la ruta PY01 Mariscal Francisco Solano López, salvo para ascenso y descenso de pasajeros. Dicha ordenanza jamás se cumplió y se puede observar el desorden en este municipio.
De acuerdo a la denuncia de los ciudadanos en diferentes puntos de este municipio se pueden observar camiones de gran porte ocupando todo el tiempo media calzada dentro del casco urbano.
Además, la mayoría de los negocios ubicados sobre ruta PY01 obstaculizan la veredas con su mercadería y vehículos particulares, basuras arrojadas en las veredas, como también se realizan edificaciones no autorizadas.
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Uno de los denunciantes, Marcos Antonio Ramírez, remitió una nota a la Junta Municipal, en la que denunciaba la construcción de una casilla, sobre la vereda de la calle Martín de Barúa casi Francisco Javier Bogarín que está obstruyendo el paso a los peatones.
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Asimismo, manifestó que tiene entendido que las veredas son de dominio público, por lo que corresponde a las autoridades municipales dar cumplimiento a la ley orgánica municipal y la ordenanza de ordenamiento dentro del municipio.
Señala también en su denuncia que existen veredas ocupadas por comerciantes de diferentes rubros, que amerita sean despejadas a fin de eliminar los obstáculos que dificulta la circulación peatonal y en salvaguardarla integridad física de los ciudadanos.
El intendente municipal, Luciano Cañete (ANR), manifestó que va a hablar con el responsable de la casilla -a quien no identificaron- y con los ocupantes. Se comprometió a ver qué salida da al reclamo de los ciudadanos y si fuera necesario solicitar ayuda de la fiscalía y de la Policía Nacional.