Este proceso es una derivación del Operativo Llamada, realizado el 23 de julio del 2019, cuando fiscales y policías allanaron en forma simultánea 13 establecimientos de Ciudad del Este y dos de Asunción, en una investigación de evasión de impuestos de teléfonos celulares de alta gama por US$ 678.300.678. El caso fue denunciado por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).
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En la audiencia realizada hoy, los representantes del Ministerio Público se ratificó en su pedido de sobreseimiento definitivo para Juan Andrés Nogués Mazier, Miguel Gustavo Gayol Buggia, Armin Ranulfo Vera Franco, Blas Ariel Ferreira Barrientos, Richard Robert Roux e Ignacio Derlis Alfonso.
Según los datos, Nogués es accionista de Excellence SA; Gayol es vicepresidente y accionista de P & D Import SA mientras que Vera, Ferreira, Roux y Alfonso integran el paquete accionario de la firma F.G. Trading SA.
Trámite de oposición
El argumento esgrimido por las defensas y los representantes del Ministerio Público es que si bien los procesados tenían vinculación con las firmas investigadas, no se pudo establecer su participación en los hechos. Sin embargo, esta postura no resultó convincente para el juez penal de garantías especializado en Delitos Económicos, José Agustín Delmás, quien resolvió dar trámite de oposición al pedido.
“Luego de un análisis pormenorizado de las actuaciones, en autos como lo mencionado hoy en la audiencia, este juzgado considera que en la presente causa existirían elementos que constituirían ciertamente el tipo de penal de lavado de dinero, asociación criminal y contrabando, previstos y penados en los artículos 196 incisos 1° y 2°, 239 inciso 1° del Código Penal y el artículo 336 del Código Aduanero, y habiéndose instalada la acción con la denuncia respectiva, que este magistrado considera prudente resaltar, de las constancias de autos que existiría una supuesta evasión impositiva al fisco, es criterio de esta magistratura, siguiendo siempre el lineamiento que faculta a los jueces de garantías, imprimir el trámite de oposición a los efectos que este órgano jurisdiccional realice a través de la Fiscalía General del Estado el control vertical de las actuaciones del inferior (...), argumentó el magistrado.
En consecuencia, el expediente será remitido a la Fiscalía General del Estado, que deberá ratificar o rectificar el requerimiento de los fiscales de Delitos Económicos.
Todos los acusados
En esta causa, en una primera etapa la Fiscalía acusó y pidió juicio oral y público por supuesta producción de documentos no auténticos a Carlos Gustavo O’Higgins, accionista y presidente de F. G. Trading SA.
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En un principio, el Ministerio Público planteó una suspensión condicional del procedimiento para otros procesados por el caso, pero ante el trámite de oposición del juez Delmás -quien advirtió la posible existencia de concurso de delitos (más de un hecho punible)–, la fiscala adjunta Soledad Machuca rectificó su requerimiento y dispuso la realización de varias diligencias antes de cerrar la investigación.
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En consecuencia, a principios del mes los fiscales acusaron y pidieron juicio oral y público para Liz Paola Doldán, Vilma González de Doldán, Edison Doldán, Tamara Brunetto Vallet, Manuel Balletbo Cabrera, Charles Edison Doldán y Julio Vera Melgarejo por evasión de impuestos y asociación criminal.
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Estas personas procesadas son representantes y socios de las empresas Mobile Zone Internacional Import-Export, Excellence Import SA y Tenug Internacional SA, que según la investigación fiscal evadieron impuestos entre 2017 y 2019 por las sumas de G. 61.808.381, G. 4.633.636.582 y G. 690.298.472, respectivamente.