La defensa del gobernador Hugo Javier González conformada por los letrados Andrés Casati, Fausto Portillo y Arturo Daniel, presentaron semanas atrás una nueva chicana para dilatar el proceso y así seguir posponiendo la audiencia de imposición de medidas para su defendido.
Se trata de un recurso de reposición y apelación en subsidio, mediante la cual alegaban que la jueza María Elena Cañete no tiene competencia en la causa y proponían que la misma sea apartada y que el caso recaiga bajo la responsabilidad de otra magistrada, de Clara Ruiz Díaz.
Sin embargo, el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos conformado por los camaristas Bibiana Benítez Faría, Arnulfo Arias y Andrea Vera Aldana, rechazó el recurso planteado en contra de la providencia del 10 de diciembre y el Auto Interlocutorio N° 2257 del 17 de diciembre pasado y confirmaron a Cañete.
Los camaristas afirman en el fallo que al interponer el recurso, la defensa del “N° 2″, Hugo Javier, no señaló razonablemente el perjuicio causado a la parte que representa por la designación de la juez que asume la responsabilidad de atender en la presente causa abierta, por los presuntos hechos lesión de confianza, declaración falsa, asociación criminal y producción de documentos no auténticos.
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De esta forma la jueza suplente en Delitos Económicos María Elena Cañete, ya tiene vía libre para notificar a las partes y fijar fecha para la audiencia de imposición de medidas a los 15 procesados en el caso que investigan los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Rodrigo Estigarribia, Luis Said, Francisco Cabrera y Diego Arzamendia, sobre facturas clonadas además de otras innumerables anomalías que aparecen en la rendición de cuentas de la Gobernación de Central, sobre la ejecución de G. 6.382 millones, US$ 1.000.000, fondo de emergencia sanitaria por covid-19, que el Ejecutivo otorgó en diciembre de 2020 a la administración del cartista Hugo Javier, para generar fuentes de trabajo en Central durante la pandemia.
Los agentes del Ministerio Público, imputaron el pasado 1 de noviembre por lesión de confianza, declaración falsa, asociación criminal y producción de documentos no auténticos, a Hugo Javier y a otras 14 personas entre las que se encuentran funcionarios de la Gobernación de Central, contratistas y miembros de la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) que recibió G. 5.105 millones del fondo de emergencia.
Los fiscales solicitaron como medidas alternativas a la prisión para los supuestos responsables del aparente despilfarro, como en el caso del gobernador Hugo Javier y sus subalternos, que los mismos sean separados de sus respectivos cargos y no vuelvan ingresar a la sede de la Gobernación de Central al igual que los demás procesados.
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Jueces recusados e inhibidos
Los jueces titulares especializados en Delitos Económicos son José Agustín Delmás y Humberto René Otazú, y los mismos se inhibieron en el caso de Hugo Javier, el primero por enemistad con uno de los abogados y el segundo por amistad, con otro defensor.
Posteriormente, el expediente fue remitido por Otazú al Juzgado de Garantías N° 1 de la Capital de Clara Ruiz Díaz, quien impugnó la inhibición de su colega “por carecer de suficientes argumentos que demuestren la verdadera amistad” que señaló Otazú. Entonces, el Tribunal de Apelaciones calificó de “inoficioso” la impugnación de Ruiz Díaz, ya que la misma no tiene competencia en la causa.
El Tribunal en la parte resolutiva del fallo no mencionó que Ruíz Díaz quedaba apartada del caso para que otro juez atienda la causa. Esto fue motivo suficiente para que la defensa del gobernador planteara una nueva chicana y dilatar el proceso.
Ante el rechazo de la magistrada Ruíz Díaz, el juez Humberto Otazú derivó la causa a la jueza Cecilia Ocampos, quien también se inhibió “por amistad” con uno de los abogados. Así, el expediente quedó a cargo de la segunda jueza suplente de Delitos Económicos María Elena Cañete, quien admitió la causa y ahora fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones.
Millonarias transferencias y 15 imputados
Según la imputación, de los G. 6.382 millones (US$ 1.000.000) que el Ejecutivo otorgó a la Gobernación en diciembre de 2020, para contrarrestar los efectos de la pandemia del covid-19, Hugo Javier González repartió el dinero a dos organizaciones sin fines de lucro. La fundación CIAP recibió G. 5.105 millones y el Consejo Regional de Salud unos G. 1.276 millones.
En la rendición de cuentas aparecen facturas clonadas, facturas a créditos que figuran como pagadas pero que en realidad no existen tales desembolsos, entre otras anomalías, confirmadas por la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE), Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Contraloría General de la República (CGR) y el Ministerio Público.
En la causa fueron imputadas 15 personas entre las que se encuentran el gobernador Hugo Javier González, el director general de Administración y Finanzas de la Gobernación, Javier Marcelo Rojas Giménez; el presidente de la ONG CIAP Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo y el tesorero de CIAP, Paulino De los Santos Palacios Recalde.
También están procesados Nicolás Eduardo Emanuel Álvarez Doria, síndico actual de CIAP, y varios subalternos del gobernador, tales como la secretaria general de la Gobernación, Lourdes Verónica Lezcano Decoud; el secretario de Obras Públicas, Armando Adolfo Soler Espínola; el exjefe de Tesorería, Luis Eduardo Allende Araújo; el asesor jurídico Édgar José Zaracho Quintana; el jefe del Departamento de Presupuesto, Guido Rolando Portillo Torres; la funcionaria de la Dirección de Administración y Finanzas, Modesta Valiente Escobar; el exjefe del Departamento de Fiscalización de Obras, Adalberto Benítez Aguilera; y los contratistas Óscar Morel Oses, Óscar Laureano Gaete Gómez y José Félix Grau Fernández.
Se sospecha que el monto desviado sería al menos de G. 5.105.600.000, monto transferido a CIAP para la supuesta ejecución de dos proyectos presentados por la misma fundación. El dinero fue entregado para la emergencia del covid-19; sin embargo, en ninguno de dichos proyectos se hace alusión a la mencionada “emergencia”, ya que aparentemente se realizaron obras viales y mejoramientos en espacios públicos como plazas y asociaciones, mientras todos permanecían alejados de los encuentros sociales, por las prohibiciones establecidas por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBs).