El Tribunal de Apelación Penal, 2ª Sala, integrada por los camaristas Delio Vera Navarro, Bibiana Benítez Faria y José Agustín Fernández, rechazó la recusación planteada por el acusado José Costa Perdomo y confirmó al juez de Garantías Julián López en la causa conocida como “agua tónica”, en la que se investiga una presunta lesión de confianza.
Los camaristas señalan en el Auto Interlocutorio N° 408, de fecha 22 de diciembre, que al abocarse al fondo de la cuestión sometida a consideración del tribunal de alzada detectaron la “falta de una justificación acorde con la recusación interpuesta, en lo que respecta estrictamente a la invocación del artículo 50 inciso 73 del Código Procesal Penal”, el cual establece como causal que deben existir motivos graves que afecten la imparcialidad y/o independencia del magistrado.
Agregan que la causal esgrimida por el recurrente no concurre, limitándose el mismo a señalar y expresar en su escrito que el juez Julián López “demuestra una conducta arbitraria, resultando de ello la parcialidad del mismo a consecuencia de sus abiertas manifestaciones de que el presente juicio ya tendría un destino fijado”.
Con la resolución del tribunal de alzada se concluye que la recurso planteado por el acusado fue una chicana para suspender la audiencia preliminar que estaba prevista para el pasado 14 de diciembre, teniendo en cuenta además que advierte a José Costa Perdomo que, “de volver a incurrir en inconductas procesales de esta índole se aplicarán sanciones procesales más severos”.
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Una vez que el expediente baje de Cámara de Apelaciones al Juzgado de Garantías, el juez Julián López podrá convocar nuevamente a los acusados para sustanciar la audiencia preliminar, en la que debe resolver si eleva la causa a juicio oral como solicita el Ministerio Público.
Pagó cuenta personal con dinero de la petrolera
Según la acusación fiscal bajo la administración de Patricia Samudio, Petropar adquirió, por la vía de la excepción, de la firma proveedora Solumedic SA, 3.000 tapabocas N95, 5.000 botellas de agua tónica y otros insumos, por un total de G. 359.700.000.
Esta suma fue transferida a una cuenta de la empresa Racole SA, para el pago parcial de una deuda de Costa Perdomo, esposo de la exfuncionaria estatal.
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Ante la posible estrategia de la defensa de Samudio de pedir la extinción de la causa y por ende el sobreseimiento definitivo de los procesados, alegando que los G. 359.700.000 (monto del perjuicio que sufrió el Estado), ya fue devuelto en su totalidad por la empresa Solumedic SA, la fiscala Liliana Alcaraz indicó que la devolución del dinero fue posterior al delito que cometieron los acusados.
La agente del Ministerio Público remarcó que para la Fiscalía la causa se debe discutir en un juicio oral, aunque los directivos de la empresa Solumedic SA Liz Adolfina Chamorro Ferreira y Víctor Ramón Cabañas Fernández hayan devuelto al Estado los G. 359.700.000.