El fallecimiento se produjo el pasado 12 de noviembre. La niña Thirza Belén debía someterse a un tratamiento de conducto en sus dientes. Tal como fijaron con los padres, la niña asistió en horas de la mañana a la Clínica “Mommy Dent” en el barrio Loma Pytã.
El caso se complica cuando la niña de 9 años no reacciona luego que le aplicarán una anestesia. La derivaron de urgencia hasta el hospital del Lacimet y ahí constatan que llegó sin signos de vida.
El caso tuvo inconvenientes con su avance, pues en principio, el que estaba a cargo, en la barrial número 6, Marcelo Conigliaro no continuó y se designó a Aldo Cantero.
En contacto con ABC, el agente manifestó que comenzó las pericias y detectó que el técnico anestesista, Adrián García, en ese mismo día marcó su entrada en el Hospital Central del IPS, y de ahí asistió a la clínica privada donde ingresó al procedimiento en el que falleció la menor.
García no debía hacerle la anestesia, pues es solo técnico, y el que debe hacerlo es un médico especializado, expresó Cantero. Además, en ese horario de la mañana, debía trabajar en IPS. Finalmente, fue imputado por homicidio culposo y también por comercialización de medicamentos no autorizados, pues se encontró una ampolla de uso exclusivo del IPS dentro de la clínica privada.
Cantero recibió el informe desde el propio IPS sobre la irregularidad en su comportamiento. Además, es una de las cuatro personas que estuvieron en la sala donde tenían que practicarle la endodoncia a Thirza. El técnico no se presentó aún a declarar ante el Ministerio Público.
El fiscal ya envió los antecedentes de su marcación y lo que se puede calificar de planillerismo a los jefes de García del IPS. Con este reporte, el técnico sería sumariado por la previsional.
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La otra imputada
Como propietaria y odontóloga del local, Sandra Marcela Obertino Leguizamón, también fue imputada por homicidio culposo y comercialización de medicamentos no autorizados. Hasta el momento, tampoco dio su declaración. Según Cantero, la mujer pidió suspensión, al igual que García. Solicitaron copias de la carpeta fiscal.
Tanto Obertino como García tienen fijada convocatoria para imposición de medidas ante el juez Mirko Valinotti, este jueves 30 de diciembre.
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Odontológo participante, sí declaró ante el fiscal
Vicente Damián Cabrera, odontólogo de profesión, declaró ante Cantero y confesó que fue uno de los integrantes del equipo que debía hacer la intervención. No fue el que colocó la sedación, pero su función iba a ser realizar el tratamiento de conducto.
De momento el fiscal no definió si lo imputará o no, pero sigue sujeto a proceso.
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Aldo Cantero, aclaró que no pedirá medidas alternativas para los dos imputados, sino que exige la cárcel, mientras siguen las diligencias. La expectativa de pena carcelaria por homicidio culposo es de cinco años y con la situación del medicamento del IPS, sumarían tres años más.
Con relación a la autopsia para determinar la causa de muerte, el investigador volvió a insistir en la fecha para que en la brevedad posible, le pasen el informe. Cree que en días más habría novedades. Como es un caso complejo, lleva un tiempo obtener los resultados.
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Sobre las imágenes del Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) de la clínica, siguen todavía en laboratorio de fiscalía y dijo que también lleva su tiempo. Lo que se podría obtener es el movimiento de personas con ingresos y salidas del lugar. Esto debido a que la cámara solo está en la parte externa el predio, y no en la sala de procedimientos.
El fiscal, tiene la certeza que las personas que estuvieron en el momento de lo que podría ser finalmente una negligencia médica son 4: Sandra Obertino (odontóloga y dueña de clínica), Adrían García (técnico anestesiólogo), Vicente Damián Cabrera (odontológo contratado) y el asistente de Cabrera, cuyo nombre aún no se maneja. Este último se presenta mañana a declarar, dijo Cantero.
Más datos llamativos del hecho
En el momento del allanamiento al local en cuestión, se encontró un arma de fuego, cuyo dueño sería el esposo de la odontóloga. Pablo Petters defendió en todo momento a su esposa, negando las acusaciones y no presentó documentación que lo habilite a la portación, por lo que sería imputado por violación de la ley de armas.
“Mommy Dent”, ni siquiera estaba habilitada por el Ministerio de Salud Pública para operar, según los informes.
Madre está indignada por lentitud en la investigación
Paola Franco, mamá de la pequeña, tuvo que insistir con el fiscal. Como madre pide justicia pues siente un dolor muy grande, más teniendo en cuenta que en Lacimet ya llegó sin signos de vida y los médicos ya no pudieron hacer más nada para salvar a Thirza.
En comunicación con ABC, la mujer exige celeridad y que los sospechados no chicaneen el proceso con tal de evitar la prisión. Ella cree que Obertino fabrica certificados médicos para no prestar declaración ni presentarse ante el juzgado.
A su parecer, piensa que la dueña de la clínica espera el resultado de la autopsia y teme que intente sobornar a la justicia para ser exculpada. Sostuvo que pagó por el procedimiento a su niña, unos G. 3.350.000 guaraníes.
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Franco fue a hablar con el juez Valinotti para que se le de una medida a la acusada, porque considera que haciendo correr el tiempo podría “comprar” a un testigo.
Recordando el triste momento, Paola refirió que escuchó que su hija lloró al menos 15 minutos. Según le dijeron no tenían para colocarle una anestesia intramuscular, por lo que optaron en colocarle una intravenosa con una vía.
“En todo momento, nos negaron que ella falleció”, dijo Paola. Agregó que Petters como su esposa no querían que vaya donde estaba su hija, y le decían que ella, estaba estable.
Como parte de las diligencias, el fiscal ordenó que se haga una junta médica, donde varios especialistas también averigüen que pudo haber pasado y las causas del fallecimiento.
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