Desde la cartera estatal explicaron que dada la orientación del programa hacia la población en situación de vulnerabilidad, la pensión tiene un porcentaje de cobertura más extendida en los departamentos del país donde los niveles de pobreza son mayores: Caazapá, Alto Paraguay, Concepción, Caaguazú y San Pedro.
Añaden igualmente que la pandemia del Covid-19 impactó tanto en la economía como en las condiciones de vida de los ciudadanos, especialmente en los sectores más desfavorecidos de la sociedad y que como respuesta ante ese desafío, el Ministerio de Hacienda fortaleció aún más el programa de pensión alimentaria.
Según Hacienda este beneficio no contributivo busca proteger a las personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad social con una pensión equivalente al 25% del salario mínimo. Entre abril de 2020 y diciembre de 2021, el citado programa sumó 72.799 nuevos beneficiarios, quienes disponen de medios para cubrir sus necesidades impostergables.
Nuevos beneficiarios
La cartera estatal recuerda que para la inclusión de nuevas personas beneficiarias se requiere de una movilización de los equipos técnicos de la Dirección de Pensiones No Contributivas (DPNC), quienes aplican la ficha hogar en las viviendas de cada potencial beneficiario. Explicaron que con el objetivo de dar respuesta a la demanda de acceso (fundamentalmente a las personas que en estos años cumplieron 65 años de edad), la DPNC recorre todos los distritos del país y es así como en agosto de este año se inició el quinto ciclo nacional de censo de adultos mayores.
Según los datos del Ministerio de Hacienda, entre agosto 2008 y diciembre 2011 fueron incorporados al programa 25.004 adultos mayores, entre agosto 2013 y diciembre 2016, 82.013 adultos mayores; mientras que entre agosto 2018 y diciembre 2021 han sido incorporados 113.854 adultos mayores.
Por su parte si se distribuye por sexo de beneficiaros se observa que el 51,5% son mujeres, 48,5% varones; y cerca de 5.500 beneficiarios pertenecen a comunidades aborígenes.
Desde Hacienda señalan que la pensión alimentaria impacta positivamente tanto en la reducción de los niveles de pobreza como en los de desigualdad. Según estimaciones basadas en la Encuesta Permanente de Hogares 2020, la pensión alimentaria reduce en 10,6 puntos porcentuales la incidencia de la pobreza en la población adulta mayor, que pasa de 30% a 19,4%.
En cuanto a la desigualdad, la misma fuente de datos indica que el Índice de Gini (que varía entre 0 -perfecta igualdad- y 1 -desigualdad total-) mejora un 10,8%; al pasar de 0,486 (si no existiera la pensión) a 0,434 puntos. Este mejoramiento en los niveles de igualdad es aún más evidente en el área rural.