El conflicto de ocupaciones de tierras de Guahory se viene arrastrando desde el 2014 y desde esa vez se registraron dos grandes desalojos, uno en el 2016 y otro en el 2018, pero los supuestos sintierras volvieron a ingresar en los terrenos.
Desde esa vez se registraron varias denuncias de nuevas ocupaciones y un tire y afloje con el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), para la expropiación de los predios, pero todo termina en promesas que no son cumplidas por la entidad estatal.
Uno de los representantes de los productores de granos, Jair Weber, dijo que hace tres años vienen negociando con el Indert la venta de unas 218 hectáreas de predio con el fin de entregar a los ocupantes supuestos sintierras, pero que ven poco interés de la institución estatal para finiquitar el conflicto.
Indicó que los predios de Guahory son altamente productivos, están totalmente mecanizados y tienen un costo que supera los G. 70.000.000 por hectárea, sin embargo, la venta al Estado sería solo de unos G. 35.000.000 por hectárea, la mitad del precio real, pero el Indert se pasa prometiendo la compra que nunca es cumplida.
Añadió que no estaban pidiendo el desalojo ante la esperanza de que el Gobierno cumpla con sus promesas, pero que actualmente ya están cansados y volverán a pedir un tercer desalojo.
Sobre el punto, al asesora jurídica del Indert, Rosana Galván, indicó que las gestiones de adquisición de las tierras están actualmente en Catastro Nacional y Registros Públicos y que las respuestas de dichas instituciones tienen su tiempo. Dijo que las gestiones se reiniciaron hace un poco más de un año, después de que la Abog. Gail González Yaluff tomara el mando del Indert. Aseguró que una vez que se tengan los documentos, se firmará por la transferencia de los predios.
Cabe mencionar que las tierras de Guahory son predios altamente productivos que son regados por el lago Yguazú. La tierra es fértil, incluso con las peores sequías, y representa un gran atractivo para las grupos que se dedican a ocupar tierras privadas para luego chantajear al Gobierno y a los dueños para ceder a algún beneficio personal.