El proyecto de ley había generado un debate entre los legisladores que defendían la postura del gremio bancario versus los parlamentarios que consideraban que las transferencias de dinero vía telefonías favorecen más a la ciudadanía porque no pone mayores obstáculos.
Originalmente la propuesta legislativa obligaban a la implementación de un sistema de identificación electrónica de alto nivel de seguridad para realizar las transferencias de dinero, lo que hubiese afectado a los usuarios de los servicios de las telefónicas.
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El Banco Central del Paraguay, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y otras instituciones del Estado habían dictaminado en contra de dicho artículo, ya que proponían la rigidez de los sistemas de control se apliquen de manera progresiva, a fin de no afectar de la noche a la mañana a los servicios de giro, que actualmente son la principal vía de inclusión económica de miles de ciudadanos a un sistemas de envío de dinero de manera virtual.
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Tras la aceptación del veto, el proyecto se remitió al Ejecutivo para su promulgación y publicación. Independientemente al artículo veta, el resto de la Ley establecen mecanismo para que la ciudadanía pueda gestionar de manera virtual algunos documentos en instituciones públicas, algo actualmente es muy restringido.
Los proyectistas del texto original son los liberales, Carlos María López y Celeste Amarilla; los patriaqueridistas Sebastián García, Sebastián Villarejo y Rocío Vallejo; Kattya González (PEN) y los colorados cartistas Edwin Reimer, Tadeo Rojas y Justo Zacarías Irún.