El fiscal Luis Piñánez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), confirmó que “sí o sí” presentará apelación en contra de la decisión de oficio del Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Héctor Capurro, Juan Carlos Zárate Pastor y Cándida Fleitas (voto en disidencia), que decretó la extinción del proceso penal y el sobreseimiento definitivo del diputado cartista Tomás Fidelino Rivas Benítez del proceso por estafa en el caso de sus “caseros de oro”.
“Estoy muy apenado por lo que está pasando con la Justicia paraguaya. Este es un fallo sorprendente y lamentable porque genera descrédito en el Poder Judicial. Extinguen un proceso penal con un acuerdo reparatorio sin que tenga legitimación la persona que dice ser víctima”, expresó el agente de UDEA en relación al acuerdo que firmó Rivas de compensación que firmó Rivas con el presidente de la Cámara de Diputados, su correligionario Pedro Alliana (ANR - cartista).
Piñánez agregó que el acuerdo de resarcimiento es una admisión por parte del diputado Tomás Rivas de que el hecho de estafa ocurrió, pero que el documento carece de legitimación porque el presidente de la Cámara Baja ni siquiera consultó con sus colegas para firmar el acuerdo, ya que lo hizo de forma personal.
Criticó que el Tribunal de Sentencia haya “pisoteado la ley” para decretar de oficio la extinción de la presente acción, teniendo en cuenta que los jueces fundamentaron su decisión en el inciso 10 del Articulo 25 del Código Procesal Penal, que claramente establece que “la acción penal se extinguirá... en los hechos punibles contra los bienes de las personas o en los hechos punibles culposos, por la reparación integral del daño particular o social causado, realizada antes del juicio, siempre que lo admita la víctima o el Ministerio Público”.
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El fiscal del caso resaltó en ese sentido que, atendiendo que la víctima es el Estado, el acuerdo tuvo que haber sido firmado por el procurador general de la República Juan Caballero González, sin embargo éste fue convocado recién en el juicio oral por parte del Tribunal de Sentencia, como medida de mejor proveer, para que exprese su postura.
“Mucho se nos ataca a los fiscales, pero en este proceso penal el Ministerio Público ha cumplido su función, sin embargo el tribunal aplicó erróneamente la ley y decretó de oficio la extinción de la causa, violando artículos legales”, finalizó Piñánez.
Según el Ministerio Público, el parlamentario cartista firmó las planillas de supuestas presencias de los funcionarios Reinaldo Chaparro Penayo, Lucio Romero Caballero y Nery Franco González, en la Cámara Baja, cuando los mismos se encontraban en la estancia del diputado, en el interior del país. Entre julio de 2016 y febrero de 2017 los mismos cobraron salarios por aproximadamente G. 47 millones, que es el monto del perjuicio causado al Estado.
En principio Piñánez acusó a Tomás Rivas por estafa, en calidad de autor, y cobro indebido de honorarios en carácter de cómplice de sus tres “caseros de oro”. Sin embargo estos fueron condenados solo por el delito de estafa, por lo que el juez de Garantías Raúl Florentín resolvió que Rivas sea juzgado solo por la presunta comisión de este hecho punible.
“Más peligrosos que ladrones de banco”
La activista anticorrupción María Esther Roa dijo que con en blanqueo del diputado Tomás Rivas, argumentado que devolvió con intereses el dinero que cobrando ilegalmente sus “caseros de oro”, se abre la ventana para que otras autoridades políticas roben el dinero del pueblo, “total ya saben que van a encontrar un correligionario que les firme un acuerdo y en caso que llegue a juicio oral habrá jueces amigos para otorgar el blanqueo”, según afirmó.
La integrante de la organización Somos Anticorrupción Paraguay agregó que nunca en su vida asistió a “un bochorno tan grande” y que “fue una payasada lo que pasó, un teatro preparado”, teniendo en cuenta que ni los testigos pudieron ingresar a la sala de juicios orales.
Criticó también al presidente del tribunal, Héctor Capurro, por permitir que el abogado defensor Alfredo Enrique Kronawetter, creyendo que estaba en su papel de docente, intente dar cátedra a los jueces de sentencia.
“La autoridad que roba es tres veces más peligrosa que el ladrón que roba un banco, desmoraliza que tengamos una Justicia tan complaciente con los corruptos”, resaltó la también integrante de la Coordinadora de Abogados del Paraguay.
Solo los caseros fueron condenados por la estafa
Los “caseros de oro” Nery Franco, Reinaldo Chaparro Penayo y Lucio Romero Caballero, fueron condenados el 28 de agosto de 2020 por el hecho punible de estafa, por el tribunal presidido por el juez Carlos Hermosilla e integrado por sus colegas Héctor Escobar y Wilfrido Peralta.
Sin embargo, en diciembre del año pasado los camaristas Arnulfo Arias, Emiliano Rolón Fernández y Óscar Rodríguez Kennedy, integrantes del tribunal de apelación cuarta sala, anularon parcialmente la sentencia y ordenaron el reenvío del expediente para que se realice un nuevo juicio, pero solo con respecto a la pena.
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En el nuevo juicio los tres funcionarios de la Cámara Baja fueron declarados culpables de estafa y condenados a 2 años, pero con suspensión a prueba de la ejecución de la condena. Es decir, ninguno de ellos irá a prisión.
El 22 de noviembre pasado dicha sentencia fue confirmada por unanimidad el tribunal de Apelación Penal, 4ª Sala, integrado por los camaristas Arnaldo Fleitas, Gustavo Santander Dans y Pedro Mayor Martínez.