La audiencia preliminar ya se frustró en varias ocasiones como consecuencia de las chicanas de los procesados por lesión de confianza y otros delitos que se inició en el 2016. Es por ello que el Ministerio Público solicitó la aplicación de sanciones para los acusados que se rehúsan a someterse a los mandatos de la justicia.
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El juez penal de garantías en Delitos Económicos del Primer Turno, Humberto René Otazú Fernández, convocó a los procesados extitulares de la Senad Francisco José de Vargas Benítez y Luis Alberto Rojas Ramírez, así como a Antonio Salvador Pereira Fretes, Silvia Jara Acha, Silvio Alcides Amarilla Torales, Alberto Daniel Ferreira Martí, Adalberto Javier Benítez, Jessica Paola Reyes Aguilera y Hugo Danilo González, para el jueves 16 y viernes 17 de diciembre a las 9:00 para sustanciar la audiencia preliminar.
Pedido de sanción
El Ministerio Público en la causa caratulada: “Francisco de Vargas y otros s/ contrabando”, Nº 72/2016 al contestar el traslado que le corrió el juzgado penal de garantías sobre la apelación general que promovió el acusado Alberto Daniel Ferreira Martí, bajo patrocinio del abogado Carlos G. Montañez contra el AI N° 787 del 12 de noviembre de 2021, por el que se hizo lugar a la reposición de la Fiscalía para el diligenciamiento de la audiencia preliminar, solicitó que se impongan medidas disciplinarias a los chicaneros.
Aplicación de sanción: “Resulta evidente la pretensión del recurrente de dilatar el proceso, tal como consta en autos, el recurrente planteó anteriormente un recurso extraordinario de casación contra una resolución cuya decisión jurisdiccional no puso fin al proceso, por ende, el planteamiento a todas luces y sin el menor análisis resulta inadmisible, sin embargo, de igual manera ello obligó a que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia analice el estudio de admisibilidad”, refiere el Ministerio Público.
“Utilizar estas herramientas con la finalidad de dilatar el proceso con una notoria falta de motivación que en este caso, demuestran la intención del justiciable de no querer su sometimiento al proceso, correspondiendo la aplicación de las sanciones al mismo previstas en el Art. 114 del Código Procesal Penal”, requirió la Fiscalía.
El caso
El entonces fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Martín Cabrera imputó por lesión de confianza el 18 de noviembre de 2016 al exministro de la Senad Francisco José de Vargas, porque en el 2012 compró para esa institución, de la firma Televox SRL, el equipo denominado “sistema de rastreo sensitivo móvil”, por el que “pagó G. 9.406.120.000, por un bien que de ninguna manera justificaba dicho desembolso”, según señaló el Ministerio Público.
El actual fiscal de la causa es Luis Lionel Piñánez, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) , quien presentó la acusación correspondiente en diciembre de 2018.
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La investigación fiscal corroboró que los equipos de espionaje telefónico eran inservibles y que posiblemente habían sido sobrefacturados. Incluso, se mencionó que estos equipos, lejos de ayudar al combate del crimen organizado o el tráfico de drogas, entorpecieron las labores.
Luego de tres años, en el 2015, el entonces ministro de la Senad, Luis Alberto Rojas, realizó una nueva compra, denominada “equipos tácticos de comunicación”, por el que pagó G. 1.250.000.000, nuevamente a la empresa Televox. También fue procesado por lesión de confianza.
La investigación de la Fiscalía sostiene que dichos equipos no se pudieron utilizar en la labor de la Senad, y que De Vargas y Rojas, como administradores, tenían la obligación de cuidar del patrimonio de la institución a su cargo.
Rojas, además, fue quien direccionó las dos compras de equipos hacia la empresa Televox SRL.
Televox tiene como representantes a Nicasio Bóbeda y Alfredo Javier Bóbeda, quienes fueron acusados por producción de documentos no auténticos y contrabando.
Por su parte, la contadora de esta firma, Silvia Jara Acha,está procesada por producción de documentos no auténticos.
Televox solicitó ser proveedora del Estado recién el 8 de agosto de 2012 y solamente realizó las dos ventas a la Senad (2012 y 2015), y en Aduanas registró solo esas dos importaciones.
También fueron acusados por lesión de confianza (complicidad) seis exfuncionarios de la Senad. Alberto Ferreira Martí, exencargado de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC); Jessica Paola Reyes, exasesora jurídica de la Dirección Administrativa; Antonio Pereira, exdirector administrativo; Silvio Amarilla, agente especial y exdirector de Inteligencia; Hugo González, coordinador de la UOC, y Adalberto Benítez, exdirector de Administración.