“Existen todas las obras, las otras diligencias posteriormente se van a ir haciendo”, concluyó tras el recorrido el presidente de la Comisión encargada de evaluar el pedido de intervención a la Gobernación de Central, el diputado Ángel Paniagua (ANR, oficialista), claramente abriendo ya el paraguas en favor de su correligionario Hugo Javier González.
Desde el inicio, el recorrido fue un fiasco, ya que no existió un itinerario previo bien establecido, lo que motivó que la diputada Rocío Vallejo (PPQ) desistiera de acompañar el recorrido, que fue dirigido por el abogado del Gobernador, Bernardo “Lalo” Villalba y acompañado por hurreros, que alababan la supuesta buena gestión de Hugo Javier
El primer sitio visitado fue el asfalto de acceso al parque sanitario del Consejo Regional de Salud, que funciona en la sede de la Gobernación en Areguá.
Aunque los defensores del Nº 2 intentaron exponer esto como un prueba a su favor, en realidad es una de las que más lo compromete y figura en el acta de imputación.
La obra que según la Gobernación costó G. 390.860.000, fue hecha ya en setiembre de 2020 y el fondo covid con el que supuestamente se pagó, recién fue asignado dos meses después.
A menos de que además de exanimador, sea adivino, es materialmente imposible de que una obra se haga sin antes siquiera saber que se iba a disponer de los fondos. Es por ello que la Fiscalía estima que hicieron figurar la obra terminada para presuntamente desviar los fondos covid-19.
Tratan de lavarse las manos
Durante la visita al barrio Virgen de Fátima de la ciudad de San Lorenzo, donde se hizo un precario canal a cielo abierto que costó G. 1.160 millones, el propio abogado “Lalo” Villalba reconoció la existencia de facturas falsas, otra de la serie de irregularidades detectadas por la Subsecretaría de Estado de Tributación, pero trató de eximir de culpa a su cliente.
“La ONG contrata a las contratistas y dentro de eso vienen las 8 facturas que eran clonadas, que se presentan en la Administración de la Gobernación y ellos remitieron a la SET y a la Contraloría y dijeron, esto es clonado entonces en vez de investigarle al emisor de la obra, le imputan al Gobernador que ni siquiera vio esos documentos”, alegó Villalba.
Dicho argumento trata de desconocer el hecho de que el gobernador es el ordenador de gastos y está obligado a exigir las documentaciones a las ONG a la que entregó varios millones de guaraníes.
De hecho, justamente otra cosa que maneja como hipótesis la fiscalía, es que el Gobernador usó a CIAP y otras oenegés para evadir los controles de Contrataciones Públicas.
La comitiva también visitó las supuestas mejoras del parque infantil ubicado en el predio de la parroquia Virgen de la Candelaria, que costó casi G. 30 millones.
También el empedrado en la calle Padre Pío, de la compañía Itapuamí de Luque, que costó más de G. 800 millones.
Acompañaron parte del recorrido el diputado Derlis Maidana (ANR, cartista) y el liberal Enrique Mineur.
La SET detectó al menos tres obras por las cuales la Gobernación habría pagado dos veces, mientras que la Fiscalía detalla 7 proyectos presuntamente irregulares pagados con el fondo covid de un millón de dólares, causa por la cual ya fue imputado Hugo Javier.
Además hay otras investigaciones por la falta de respaldo sobre el uso de G. 18.300 millones de fondos propios de la Gobernación, que ya motivaron varios allanamientos.