Una serie de hechos cuanto menos llamativos fueron detectados por la Contraloría General de la República (CGR) durante la Fiscalización Especial Inmediata (FEI), realizada sobre la ejecución del fondo de emergencia recibido por la Gobernación de Alto Paraguay, encabezada por el colorado velazquista Domingo “Mino” Adorno.
Al igual que los otros gobiernos departamentales, la institución encabezada por Adorno recibió dos desembolsos de US$ 1 millón en el marco de la pandemia. Todavía debe enviar sus descargos con respecto a las observaciones realizadas por el ente de control.
Uno de los primeros puntos cuestionados por la CGR es la carencia de documentos respaldatorios de las transferencias realizadas a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro.
Doble pago por obra
El informe de la CGR revela que la administración de Adorno pagó dos veces por una obra que ni siquiera se terminó.
Se trata de la construcción del tinglado multiuso ubicado en la localidad de Puerto Sastre. Según el informe, la Gobernación realizó dos transferencias de más de G. 392 millones. El primer pago fue realizado el 29 de diciembre de 2020, mientras que el segundo se produjo el 21 de abril de 2021.
En total, la institución pagó más de G. 784 millones por el tinglado. Sin embargo, la obra estaba avalada por un solo contrato de G. 392 millones. Es decir, se pagó el doble de lo firmado en el contrato.
Los fondos fueron transferidos al Vicariato Apostólico del Chaco, encabezado por el monseñor Gabriel Escobar, considerado cercano al gobernador de Alto Paraguay, “Mino” Adorno. De hecho, en varias oportunidades defendieron juntos a grupos que realizaban invasiones en propiedades privadas dentro del departamento.
Lejos de sus objetivos
Precisamente, otro punto cuestionado por la CGR es que la administración de Adorno decidió destinar G. 2.265 millones al Vicariato Apostólico del Chaco para fines que no están sustentados en el acta de constitución legal del mismo.
En resumen, los G. 2.265 millones fueron transferidos a la agrupación religiosa para realización de obras, pero esta finalidad no está registrada dentro de sus objetivos.
Las facturas presentadas por el Vicariato, encabezado por Escobar, demuestran inconsistencias y que la realización de obras de infraestructura no forman parte de sus objetivos.
Por ejemplo, en una factura presentada en 2020 se señala que la finalidad son “actividades de organizaciones religiosas”. En otro documento presentado en 2021, sin embargo, el margen se había ampliado y se podía leer: “Actividades de organizaciones religiosas. Enseñanza secundaria de formación técnica y profesional. Enseñanza preescolar, primaria. Servicios de Apoyo a la enseñanza”.
En ninguna parte de sus objetivos se menciona la realización o ejecución de obras edilicias. Además, en el acta de constitución remitida como parte de la rendición de cuentas, solo se habla del territorio abarcado por el Vicariato, pero no declara sus objetivos.
Salud no fue prioridad
Los documentos presentados por la Gobernación de Alto Paraguay ante la Contraloría revelan además que la salud estuvo lejos de ser una prioridad en la distribución del dinero del fondo de emergencia.
La institución entregó más de G. 3.000 millones a organizaciones no gubernamentales por un total de 16 trabajos. El Vicariato fue la entidad privada que más fondos recibió, con más d G. 2.265 millones.
De las 16 obras pagadas con el fondo de emergencia a través de las organizaciones no gubernamentales o entidades privadas, solo cuatro estaban ligadas a la salud.
Por ejemplo, la Gobernación destinó G. 140 millones a un tinglado parroquial en Puerto Casado y solo G. 63 millones para la unidad de Atención Primaria de la Salud (APS) en la misma localidad.
Otro ejemplo es que la administración de Adorno destinó cerca de G. 180 millones para reparaciones varias en la casa de las Hermanas de la Caridad, pero apenas G. 88 millones para el cementado de entrada al Hospital de Puerto Casado.