Hace dos semanas el joven Mariano Sopeña (26), su madre y hermano menor, fueron sorprendidos con una orden de desalojo emitido desde el Juzgado de Paz de Catedral 1, Asunción, como resultado de un supuesto juicio entre Ema Nilza Turo Martínez (presunta nueva dueña) y Formasa SA (empresa familiar de Sopeña). De acuerdo a lo manifestado por el representante de Mariano Sopeña, el abogado Marcos Bogado, el expediente judicial nunca existió en el citado Juzgado. Por ende, el juicio es ficticio, aseguran los afectados.
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Una comitiva encabezada por el fiscal Carlos Rojas y Julio Marecos, director de la Dirección de Fiscalización Ambiental Integrada (DFAI) del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sustentable (Mades), intervinieron en la finca ante la denuncia realizada por la familia Sopeña. Desde el fin de semana último, en la propiedad de casi cinco hectáreas, derribaron añosos árboles nativos y removieron la tierra para “tapar” una naciente de agua.
Debido a la gran riqueza natural del sitio, varios guacamayos incluso habían instalado sus nidos en los árboles. También comenzaron a demoler la antigua casa que fue mantenida por Ángel Sopeña, padre de Mariano, quien falleció en 2019.
Desmontaron área boscosa, según informe del Mades
“En una propiedad ubicada en la ciudad de Luque, fiscalizadores del Ministerio del Ambiente constataron la alteración del área boscosa y su ecosistema, a través de la tala de árboles nativos. Según el informe de los técnicos, se observó la tala de especies como trébol y guatambu, además de la eliminación de sotobosques, alteración de nacientes, canalización en área de humedal”, dice el informe del Mades.
La Dirección del Medio Ambiente de la Municipalidad de Luque, cuya titular es Helen Núñez, “no” estaba enterada de la alteración ambiental, hasta que ABC se comunicó con la funcionaria el pasado fin de semana. Aclaró que su Dirección no otorgó permiso alguno para la tala de árboles e intervino la propiedad. Hoy, la mujer también acompañó el procedimiento, afirmaron desde la cartera de Estado.
Fiscalizadores no pudieron entrar a la propiedad
En horas de la mañana de esta jornada, Julio Marecos, director de DFAI, se constituyó en el lugar pero su ingreso no fue posible ya que el guardia alegó que no tenía autorización de la propietaria, Ema Nilza Turo Martínez, para que los fiscalizadores ingresaran. Se observó la deforestación desde la vía pública y se labró acta, dijo Marecos.
Ante esta situación, dieron aviso al Ministerio Público que ya contaba con la denuncia de Sopeña. Inmediatamente el fiscal Rojas obtuvo autorizaron judicial para allanar el lugar y se constató todo lo denunciado. También se incautó una excavadora que era utilizada en el lugar para la violación ambiental.
“Clan González Daher” detrás de la propiedad
La familia Sopeña, paraguaya de origen española, despojada del inmueble de casi cinco hectáreas, asegura que el expediente sigue sin aparecer en el Juzgado de Asunción, donde supuestamente se llevó a cabo el juicio que favoreció a Ema Nilza Turo Martínez, funcionaria del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
La propiedad está ubicada sobre la calle Leonismo Luqueño y Felipe González, del Cuarto Barrio de este distrito a solo a tres cuadras del tramo General Aquino, principal vía de acceso y salida de la ciudad, en la inmediación de la Fuerza Aérea Paraguaya. Está valorado actualmente en más de US$ 4 millones.
El mandamiento de desalojo es de fecha 23 de abril de 2021, firmado por la actuaria judicial Mouriel Vera y la jueza de Paz en lo Civil, Comercial y Laboral Fátima María Luisa Vera de López (quien falleció en mayo de este año), del Juzgado de Asunción. En este Juzgado varios funcionarios están siendo investigados por falsificación de firmas, aseguran.
Marcos Bogado, defensor de la familia Sopeña, llegó hasta la sede judicial donde funcionarios aseguran que dicho juicio no se desarrolló en esa jurisdicción y que ni siquiera existe el expediente en el lugar. La actuaria, está de viaje. La familia española sospecha que “el clan González Daher”, estaría detrás de las maniobras para quedarse con la propiedad.
Llamativamente, en enero de 2020, la finca fue intervenida por la fiscalía de Luque tras una denuncia hecha por la administración municipal del cartista Carlos Echeverría, leal a la familia González Daher, por procesamiento ilícito de residuos. Los afectados adeudaban más de G. 100 millones, en concepto de impuesto inmobiliario, más la multa fiscal de G. 280 millones. Desde entonces varias personas intentaron apropiarse de la vivienda.
Sin embargo, nuestras fuentes aseguraron en ese entonces que, la verdadera intención de la Comuna luqueña era llevar a remate el inmueble, porque “desde hace tiempo el intendente Carlos Echeverría le echó ojo al valioso inmueble”. Sin embargo, el verdadero interesado sería “clan González Daher”, actualmente liderado por Rubén González Chaves, hijo del exsenador condenado por corrupto, luego que este último falleciera este año.