Todas estas instituciones fueron consultadas sobre las labores de control y sus principales hallazgos en cuanto a irregularidades, teniendo en cuenta que ya existe una investigación penal abierta en por el Ministerio Público más de una decena de imputados, entre ellos el imputado gobernador Hugo Javier (ANR, cartista), así como también un proceso de intervención pendiente de estudio en Diputados.
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La primera institución en participar en la reunión fue la Senac, a través del ministro René Fernández y otros funcionarios, detallaron los resultados de la auditoría realizada por dicha institución sobre el uso de unos US$ 1 millón que debían ser destinados a la reactivación económica en el marco de la pandemia de covid-19 en el departamento Central.
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Fernández resumió que encontraron siete irregularidades respecto al gasto de US$ 1 millón, entre las cuales destacan, por ejemplo, que hubo cambios de facturas y otros documentos presuntamente irregulares presentados por una parte ante Contraloría y por otra, al Ejecutivo.
“En el contexto del examen especial iniciado (por Senac) es que nos percatamos que esos comprobantes que presentaban inconsistencias fueron reemplazados”, mencionó el ministro Fernández y destacó que no fueron cambios de forma o mínimos, sino que “nos encontramos con un cambio notable”.
La Senac apunto que si bien desde la Gobernación intentaron desconocer la presentación del primer lote de documentos irregulares, alegando desconocer quién los hizo en nombre de la oenegé, sin embargo, solo un funcionario de la Gobernación tiene la clave de acceso al sistema de presentación de documentos para el sistema de Contraloría.
También detectaron hechos muy llamativos, como que la oenegé Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), una de las investigadas, presentó el 17 de noviembre su proyecto para gastar gran parte del millón de dólares otorgados a la Gobernación, y el día siguiente, es decir el 18 de noviembre, ya fue aprobado y se realizaron los millonarios desembolsos a través de cheques.
No habían rendido cuentas por G. 18.000 millones, sin embargo siguieron abriendo la canilla
Antes del caso de la repartija del US$ 1 millón de fondos covid-19, la Gobernación ya habría utilizado el mismo “modus operandi” para presuntamente desviar dinero a través de oenegés, con unos G. 18.000 millones de recursos propios de la Gobernación correspondientes al año 2020.
Lo más grave de esto es la Gobernación no presentó ningún respaldo documental sobre el destino de esos US$ 18.000 millones, más que algunas planillas sin valor legal, y aún así le siguió entregando dinero a las mismas oenegés.
Paola Riego, encargada de la auditoría realizada por Contraloría hizo énfasis en ello, además de que la Ley exige que los gastos a través de oenegés se realicen conforme a su “función misional” y no para lo que se les ocurra. En este caso, por ejemplo mencionó que CIAP tiene como misión la formación profesional, porque lo que en ningún debería de poder destinar dicho dinero a la construcción de obras como supuestos desagües o puentes, como se hizo figurar.
Desde la Contraloría aclararon que también están culminando el informe sobre el US$ 1 millón, por lo que de momento se excusaron de dar detalles sobre las presuntas irregularidades detectadas en dicho caso.
Usaron a “proveedor” que ahora vive en España
Desde la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), el mismo viceministro Óscar Orué expuso que tuvieron que intervenir ante denuncias que luego fueron constatadas, de que la Gobernación utilizó facturas clonadas o irregulares para tratar de justificar los gastos de las oenegés.
Si bien, por el secreto que les exige la Ley mantener sobre datos de los contribuyente no pueden individualizar públicamente a las organizaciones investigadas, Orué mencionó que detectaron por ejemplo que una de las facturas fue emitida a nombre de una persona que actualmente se encuentra residiendo en España.
Contactaron con la misma, y esta evidentemente desconocía la situación, pero aportó el dato que su contador era justamente el administrador de una de las oenegé, que habría utilizados sus datos y documentos sin autorización.
Orué también sostuvo que recién después que la SET empezó las averiguaciones, los investigados empezaron a cambiar las facturas, pero sin poder justificar las irregularidades detectadas.
La SET también constató que algunas facturas que fueron emitidas para el pago de obras que ya estaban en ejecución con anterioridad, es decir, habrían hecho figurar obras pagadas y realizadas con otros rubros para justificar otro desembolso.