El 22 de abril de este año, el Ministerio Público inició una investigación de oficio sobre irregularidades en la ejecución de la pasarela “ñandutí”, pero hasta la fecha no imputó a nadie, pese a las desprolijidades que detectaron tanto la Contraloría General de la República (CGR), como la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
La obra que une el Parque Ñu Guasu con el Comité Olímpico Paraguayo es inservible y ya se está oxidando, pero el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) sigue sin cerrar el contrato con la “superproveedora”. Llamativamente, la institución se niega a informar sobre los detalles de las “negociaciones” que está realizando con esta empresa. La directora de Obras de la institución, la arquitecta Rocío Duarte, se mantiene en silencio sobre este tema.
El paso peatonal en cuestión tiene indicios de direccionamiento, sobrefacturación y sospechas de presunto tráfico de influencia en su adjudicación. Justamente Jorge López Moreira, cuñado del presidente Mario Abdo Benítez, participaba de reuniones que tuvieron lugar en la propia sede del ministerio, en las que se abordaban temas referentes al paso “ñandutí”. López Moreira confirmó en su momento a este diario que es amigo del dueño de Engineering, Juan Andrés Campos Cervera.
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El fiscal Luis Piñánez, que fue designado para investigar este caso, señaló que siguen en la etapa de recolección de datos, juntando las pruebas necesarias para una eventual imputación. “Obras Públicas nos informó sobre los pagos realizados por la obra” indicó y dijo que hasta ahora no hallaron hechos concretos para “imputar, todavía”.
Engineering se “adelantó” para enviar información
Se le consultó si a la empresa Engineering también solicitaron información sobre el cuestionado paso y señaló que la misma, al iniciar la investigación, “presentó de oficio su descargo, incluso dos tasaciones de la obra que ellos mandaron a hacer, una americana y otra brasileña”.
Se le recordó que tanto la DNCP como la CGR remitieron informes contundentes sobre las anomalías en esta obra y que incluso la firma fue sancionada para contratar con el Estado por un año por estas irregularidades. Respondió que la sanción de la DNCP “es administrativa, no es un hecho punible. Con el segundo informe de la Contraloría estamos trabajando, en uno de sus puntos habla de una sobrefacturación, ya declaró el auditor, sobre eso estamos trabajando”, expresó.
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También refirió que, en casos de “delitos económicos”, se debe tener una investigación bien concreta para imputar, “porque a partir de ahí el plazo corre y es más difícil investigar cuando la defensa tiene acceso a la carpeta fiscal, te incidentan, recusan, entre otros factores”.
Asimismo, Piñanez señaló que el 13 de diciembre está fijado el juicio del diputado Tomás Rivas y que estará muy metido en este caso, por lo que se retrasará el caso de la pasarela “ñandutí”.
DNCP se ratificó en sanción
La DNCP se ratificó en una resolución, con fecha del jueves último, en que hubo una serie de desprolijidades en la ejecución de la pasarela “ñandutí”, obra que se adjudicó a Engineering firma sin ninguna competencia en la materia. La institución reafirmó que la suscripción de adenda Nº 1, con la cual se infló el precio de la obra, se rubricó en contravención a la Ley Nº 2051/03 y a la bases de contrato. Además destaca que se registró una falta de ejecución de la obra dentro del plazo.
Asimismo resaltó que hubo incumplimientos en la instalación eléctrica y que Engineering dejó vencer la garantía del anticipo y demás los seguros de obra. La existencia de “mala fe” al suscribir el convenio modificatorio N° 2 en condiciones más ventajosas (en la misma también se aumentó el precio de la obra), es otra anomalía.
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La pasarela se adjudicó por G. 12.437 millones, pero su precio se incrementó a G. 14.121 millones (más de US$ 2 millones) luego de los convenios modificatorios 1 y 2 mencionados, los cuáles se firmaron para beneficiar a la contratista, porque ni siquiera cuentan con especificaciones técnicas.
Del monto total ya se pagaron G. 10.278 millones (casi 73%) a la “superproveedora” y no se sabe si el MOPC recuperará lo que pagó a la empresa, atendiendo a que, según técnicos, la obra no pudo costar más de 500.000 dólares.
Gana licitación con otra firma
La sanción de la DNCP a Engineering no le impide seguir participando de las licitaciones de las diferentes instituciones del Estado, porque el dueño de la firma, Juan Andrés Campos Cervera, ya ubicó como accionistas de Barrail Hermanos SA a su esposa, cuñado y hasta a uno de sus gerentes, con la intención aparente de seguir ganando licitaciones con esta compañía. De hecho, el MOPC ya le adjudicó las obras del “Gran Hospital del Sur” de Encarnación, por US$ 30,7 millones al Consorcio Hospitalario del Sur, del que Barrail forma parte