Cuatro mujeres están procesadas por la invasión de la Estancia Pindo: Angélica Silva, Ana María Santander, Rossana Mabel Bareiro y Jorgelina Coronel. Los abogados de las mismas Abel Areco, Juan Rivarola y Walter Isasi habían recusado al fiscal de la causa, Jalil Rachid, quien fue confirmado por sus superiores, según informó la abogada Margarita Colmán.
“Procedieron a recusar a los miembros del Tribunal de Sentencia N°1 de Salto del Guaira, Cinthya Espínola, Benito González y Gustavo Villaverde, en dos ocasiones sucesivas, logrando dilatar así la causa por un plazo de más de dos meses, buscaron de ese modo obtener la extinción de la misma y la impunidad de las procesadas”, explicó Colmán.
Añadió que actualmente la causa se encuentra en poder del Tribunal de Sentencia N°2 de Salto del Guairá, integrado por Sofía Jiménez, Hugo Medina y Bonifacio Rojas, quienes tendrán en sus manos llevar adelante el juicio en medio de las chicanas presentadas por los abogados defensores.
Indicó que los mismos fueron puestos por la ong Codehupy. Enfatizó que es fundamental que no se permita que la causa de la invasión de la Estancia Pindó se extinga, porque de esa forma las enjuiciadas quedarían impunes.
Comentó que la situación se estaría agravando más, luego del rechazo de la propuesta de ley de expropiación que fue presentada ante la Cámara de Senadores, el 11 de noviembre pasado. “La invasión de la Estancia Pindó es a todas luces absolutamente ilegal”, aseveró.
La contraparte
En el caso Pindó es importante recordar que la ONG Joaju solicitó al procurador general de la República, Juan Rafael Caballero, iniciar las acciones para revertir la permuta que hiciera el entonces Instituto de Bienestar Rural (IBR) de unas 4.500 hectáreas de tierras por un avión, con la firma Perfecta SA, hace 54 años, superficie que hoy es la Estancia Pindó, para que se entregue al grupo campesino denominado “Primero de Marzo”, argumentando que supuestamente son tierras mal habidas.
Antecedentes
Los datos indican que la estancia Pindó fue hasta hace poco una empresa agropecuaria, con más de 50 años de antigüedad, ubicada a 70 km al este de Curuguaty, departamento de Canindeyú, sobre la ruta N°10. La misma se dedicaba a la producción de ganado Brangus de élite, desarrollado en 1.500 hectáreas de pastura, 1.000 hectáreas de agricultura y poseía 2.780 hectáreas de monte virgen, inscriptas como reserva forestal. Pero desde hace nueve años está invadida e inclusive fue violentada, con quema de viviendas y vehículos por parte de los supuestos “sin tierra”, según relató la abogada Margarita Colmán.
“En el lugar viven más de 300 familias, quienes ocupan las 4.499 hectáreas de tierra que tiene el establecimiento. Al principio fueron desalojados, pero los ocupantes volvieron a ingresar con apoyo de algunos parlamentarios. Según los datos del Ministerio Público y la Policía, los ocupantes de la Agroganadera Pindó SA tiene como líderes a personas belicosas que convirtieron el lugar en “zona liberada” y es una guarida de presuntos delincuentes, narcotraficantes y asesinos. La propiedad pertenece a la familia Bendlin, pero los mismos perdieron totalmente el control en el interior del inmueble, que está ubicada sobre la Ruta PY03, distrito de Ybyrarobaná, departamento de Canindeyú.
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