La Coordinadora de Abogados del Paraguay que preside María Esther Roa y Somos Anticorrupción Paraguay, cuya titular es Carmen Edid Rodríguez, presentaron el lunes la denuncia por supuesto mal desempeño de funciones y solicitaron al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), la destitución de la fiscala adjunta de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción Soledad Machuca y de la fiscala de esta misma dependencia Lidia Victoria Acuña Ricardo, por la presunta actuación negligente que derivó en la impunidad del extitular de la ESSAP Osmar Antonio Ludovico Sarubbi y otros procesados en la causa de lesión de confianza que investigaba el desvío de unos G. 17.000 millones de la institución que administraba.
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“Ante las graves conductas de las denunciadas Soledad Machuca y Victoria Acuña, durante la audiencia preliminar llevada a cabo el 17 de noviembre de 2021, la jueza penal de garantías Cynthia Lovera, sobreseyó definitivamente a todos los procesados, quedando así una grave sospecha de corrupción pública impune”, es la conclusión de la denuncia elevada al presidente del Jurado, senador Fernando Silva Facetti.
“Señor presidente, no es la primera vez que las denunciadas dejan huérfanas a la sociedad paraguaya que tiene el derecho de conocer la verdad de lo que pasó con los más de G. 17.000 millones, que según la imputación y el pedido de sobreseimiento provisional, existían méritos suficientes de otro despilfarro del dinero público sin ninguna consecuencia jurídica”, indican las titulares de las organizaciones civiles denunciantes.
Antecedentes del “error”
Para la jueza penal de garantías Cynthia Lovera, había suficientes elementos como para que la causa de lesión de confianza sea elevada a juicio oral y público.
En base a al artículo 358 del Código Procesal Penal, la magistrada en la audiencia preliminar imprimió trámite de oposición ante el pedido de la fiscala Victoria Acuña, quien requirió el sobreseimiento definitivo de los procesados y el expediente fue derivado a la Fiscalía General del Estado, más específicamente, a la fiscala adjunta de Delitos Económicos Soledad Machuca, quien enumeró las diligencias que debían realizarse, y solicitó el sobreseimiento provisional.
No obstante, por disposición del mencionado artículo 358 se establece claramente que lo que la fiscala adjunta Machuca podía requerir era ratificar el sobreseimiento definitivo solicitado por Acuña o acusar a los involucrados en el caso. La ley no le permite plantear el sobreseimiento provisional como lo hizo.
Fue así, que ante en base a la negligencia de Machuca, la jueza Lovera dispuso el sobreseimiento definitivo de Sarubbi y los demás implicados en el presunto desvío, ante la falta de acusación del Ministerio Público ya que en esas condiciones no se podía elevar la causa a juicio oral y público.
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El desvío de fondos
Las anomalías fueron reveladas a través de una extensa auditoría que realizó el Gobierno anterior en el 2017. El documento refiere que Osmar Antonio Ludovico Sarubbi había firmado órdenes de pago y cheques para la adquisición de productos en carácter de anticipo, cuyos montos superaban el límite para el efecto y siendo abonados a pesar de no existir contraprestación.
Entre los supuestos servicios adquiridos se encontró la adquisición de un software, de un consorcio de origen chileno, con un costo de unos USD 1,5 millones.