La ADEP refiere que el proyecto de ley “es inconstitucional por no atender lo taxativamente dispuesto en el artículo 101 de nuestra Carta Magna, que señala que por ley se reglamentará la carrera diplomática y consular”, pasando por alto la especificidad de la función. Agrega que la iniciativa habilita el nombramiento de cónsules ajenos a la carrera, lo cual se “contrapone a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares” (artículo 55). La ADEP sostiene que la Ley 1335/99 dispone que “esta función es exclusiva de los diplomáticos de carrera y está vedada a personas ajenas al escalafón”.
También señalan que el artículo 45 (inciso k) del proyecto de ley solo prohíbe el proselitismo político-partidario de funcionarios diplomáticos en la sede de la Cancillería nacional, de las Misiones Diplomáticas y consulares en el exterior.
Asimismo, señala que el proyecto de ley dispone el ingreso al escalafón sin el concurso nacional de méritos de rigor (art. 38).