AREGUÁ (Gladys Villalba, corresponsal). “Remitimos a la Dirección Jurídica del Ministerio del Interior a los efectos formales de su remisión al Palacio de López. Damos la recomendación de que se prosigan los trámites para que se analice la intervención en la Cámara Baja”, declaró ayer Daniel Centurión, titular del Viceministerio de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior.
El caso refiere sobre la ejecución de US$ 1.000.000 (G. 6.382 millones) del fondo de emergencia sanitaria por covid-19 que el Ejecutivo otorgó a la Gobernación de Central para generar fuente de trabajo durante la pandemia.
En la rendición de cuentas de la institución departamental administrada por el imputado gobernador Hugo Javier, colorado cartista y exanimador de fiestas, aparecen facturas clonadas, obras fantasmas, facturas a crédito que no fueron pagadas, entre otras insostenibles irregularidades.
Hugo Javier González y otras 14 personas fueron imputados el pasado 1 de noviembre por los fiscales de la causa Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera y Luis Said, por lesión de confianza, asociación criminal, declaración falsa y producción de documentos no auténticos.
Con relación al hecho, la semana pasada en la Junta Departamental doce concejales de 21 aprobaron el pedido de intervención de la Gobernación de Central y el legajo de 221 fojas fue remitido al Ministerio del Interior para su análisis de forma.
Al respecto, Centurión refirió que el equipo técnico del Viceministerio de Asuntos Políticos realizó un análisis documental del expediente en el cual se argumenta el pedido de intervención. Indicó que la competencia del Viceministerio es el control de los documentos exigidos para que el trámite siga su curso.
“La cuestión formal es la que nosotros analizamos, todas las documentaciones que hablan del procedimiento de intervención, hemos encontrado correctas. Están conforme a lo que establecen la Constitución y la Ley que reglamenta el artículo constitucional de la intervenciones”, señaló Centurión.
Agregó que la “Cámara de Diputados va a constituir una comisión especial que en un plazo de quince días”, dictaminará finalmente la intervención o no de la Gobernación. Centurión, además, expresó que en el caso de que se apruebe la intervención, será el Poder Ejecutivo vía decreto el que designe al interventor.
De acuerdo a los datos, Interior remitirá esta semana el pedido a Diputados.
Antecedentes
El gobernador Hugo Javier repartió el fondo de emergencia entre dos organizaciones sin fines de lucro. El Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), presidido por Tadeo Álvarez, imputado, recibió G. 5.105 millones para hacer obras de infraestructura pese a no ser apta para el servicio, según la investigación.
El Consejo Regional de Salud, representado por Hugo Cabrera, se llevó G. 1.276 millones, también para obras de infraestructura, sin embargo, esta ONG ni siquiera está reconocida por el Ministerio de Salud pública y Bienestar Social (MSPyBS).
La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), la Secretaría Nacional de Anticorrupción (Senac), Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) y el Ministerio Público, constataron una senda de irregularidades en la ejecución del fondo de emergencia sanitaria y denunciaron los hechos al Ministerio Público.
Los fiscales Estigarribia, Cabrera y Said imputaron a Hugo Javier y varios funcionarios de la Gobernación, a representantes de las ONG y contratistas.