Por expreso pedido del fiscal Rodrigo Estigarribia, el juez de Garantías especializado en delitos económicos José Agustín Delmás decretó hoy la inhibición general de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles para el gobernador de Central, Hugo Javier González, imputado por supuesta lesión de confianza, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y declaración falsa.
El bloqueo de los bienes dictado por el magistrado también es con relación a los otro 14 imputados en la causa: Tadeo Andrés Álvares Cristaldo, Javier Marcelo Rojas Giménez, Paulino de los Santos Palacios Recalde, Nicolás Eduardo Emmanuel Álvarez Doria, Lourdes Verónica Lezcano Decoud, Armando Adolfo Soler Espínola, Luis Eduardo Allende Araújo, Édgar José Zaracho Quintana, Guido Rolando Portillo Torres, Modesta Valente Escobar, José Félix Grau Fernández, Óscar Morel Oses, Óscar Laureano Gaete Gómez y Adalberto Benítez Aguilera.
La orden judicial es “para garantizar la reparación del daño e impedir que los hechos punibles que se investigan surtan consecuencias perjudiciales en el patrimonio del Estado paraguayo, lo cual debe ser precautelado por el Ministerio Público, conforme a las sospechas descriptas en el acta de imputación”, según argumentó Estigarribia.
En el caso del gobernador de Central y los demás 14 procesados, el juez de Garantías José Delmás considera que existen motivos suficientes para presumir que sus bienes muebles e inmuebles “podrían ser transferidos para ocultar sus orígenes” y aclara que resolvió ordenar “medidas preventivas” en caso de comprobarse los supuestos hechos descritos en el acta de imputación fiscal.
Obras “fantasma” por más de G. 1.676 millones
Según la imputación, Hugo Javier repartió todo el fondo de emergencia a dos organizaciones sin fines de lucro: la fundación CIAP recibió G. 5.105 millones y el Consejo Regional de Salud unos G. 1.276 millones.
En las rendiciones de cuentas aparecen facturas clonadas, obras pagadas con otros fondos, pago de salarios, facturas a crédito sin recibo de dinero y otras groseras irregularidades.
El acta de imputación detalla algunas de las supuestas obras realizadas por la ONG CIAP en fecha anterior (mínimo dos meses antes) al desembolso de los fondos de emergencia que tuvo lugar en diciembre de 2020 por parte del Ministerio de Hacienda a una cuenta de la Gobernación de Central.
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El presunto perjuicio sería por un total de G. 1.676.891.126, por el momento, esto “sin que obste a que existan otras supuestas obras en la misma situación, lo cual se determinará en la etapa investigativa”.
Imposición de medidas, recién la próxima semana
El juez de Garantías José Agustín Delmás fijó la audiencia de imposición de medidas cautelares para el miércoles 10 y jueves 11 de noviembre, a partir de las 8:30, por la cantidad de imputados.
El Ministerio Público solicitó en su imputación medidas de urgencia como ser la prohibición de ingreso a la sede gubernativa para Hugo Javier y los demás imputados en la presente causa penal.
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Sin embargo, el magistrado a cargo de la causa explicó que el hecho de que la Fiscalía ni siquiera haya solicitado una orden de detención le impide aplicar de manera inmediata la solicitud de “urgencia”.