La Contraloría en su exposición de motivos menciona que la Ley 5033/13 y su modificatoria, la Ley N° 6355/19, en su artículo 1°, incluyen, además de los funcionarios y empleados públicos, a las personas físicas y jurídicas, concesionarias del Estado; los accionistas, directores, socios, gerentes, que sean contratistas o concesionarias del Estado; y las autoridades, socios fundadores y demás personas jurídicas que reciban remuneración del Estado.
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El órgano considera esencial mantener el límite establecido por la Constitución Nacional, en cuanto a los sujetos obligados, y que son expresamente designados en el art. 104 de la Constitución Nacional.
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El diputado Édgar Acosta (PLRA), uno de los firmantes del anteproyecto de ley presentado por la Contraloría, menciona puntos esenciales del proyecto de ley. Señala que además de establecer los sujetos obligados y de excluir a personas físicas y jurídicas privadas, clarifica los momentos de la presentación de las declaraciones juradas, y la definición exacta de la posesión.
Resalta que se establezca que la declaración jurada es información pública, de conformidad a las leyes de transparencia y acceso a la información pública, en forma automática y directa de los interesados, sin tener que llegar a depender de las órdenes judiciales.
Acosta resalta que la Contraloría con las modificaciones planteadas en el proyecto de ley tendrá como deber y atribución la publicación, en los medios digitales, de toda información que se refiera a las declaraciones juradas (presentación, examen de correspondencia). También podrá dictaminar y publicar exámenes de correspondencia.
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Igualmente se plantea la obligación de que las instituciones públicas permitan el acceso directo de la Contraloría a los datos en su poder, para acelerar los procesos de examen de correspondencia; así como la implementación de inteligencia artificial para el efecto.
Sobre la sanción al incumplimiento de la presentación de la declaración jurada con la pena de multa, de 300 (G. 26.415.308) y 200 jornales (G. 17.610.000) para funcionarios y 500 jornales (G. 44.025.500) para los responsables de las instituciones y para particulares, personas físicas o jurídicas, se pretende modificar los valores de dichas multas, de conformidad con las condiciones económicas y salariales del sancionado, para hacer viable y justa dicha sanción.
Pedirán aplazar el proyecto
El presidente de la Comisión de Legislación y Codificación de Diputados, Jorge Ávalos Mariño (PLRA), mencionó que la comisión ayer resolvió solicitar al pleno la postergación del proyecto de ley que plantea cambios a la ley que reglamenta las declaraciones juradas de bienes y rentas, con el fin de realizar un estudio minucioso del proyecto. La Comisión de Asuntos Constitucionales analiza hoy la iniciativa legislativa.