Según el reporte de la Contraloría General de la República presentado al Ministerio Público, el monto del presunto perjuicio patrimonial a la Caja Municipal es de unos G. 34.825.407.627, resultante de los análisis contables practicados al ejercicio fiscal 2018.
Los antecedentes de la revisión contable refieren que en el marco de la trabajos dispuestos en la Resolución CGR N° 843 del 28 de diciembre de 2018, “Por el cual se aprueba el Plan General de Auditorías (PGA) de la Contraloría General de la República para el año 2019, y se establecen los procedimientos a ser realizados con relación al desarrollo de las auditorías o actividades de control. Al Respecto, en el artículo 1° numeral 22, se prevé la realización de una Auditoría Combinada a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, correspondiente al ejercicio fiscal 2018″, indica el informe final de la institución contralora del Estado cuyo titular es el abogado Camilo Benítez Aldana.
Observaciones
Observación 11. Según refiere la Contraloría en su informe final elevado al Ministerio Público, las auditorías se realizaron a los “Registros de asientos contables de antigua data que no cuentan con documentos respaldatorios por un monto de G. 2.557.260.637, integradas dentro de la cuenta 2.1.9.05 ‘Otros deudores varios’”.
El monto más elevado que tenía esta cuenta (Otros deudores varios) era el rubro de “Débito en suspenso”, que preveía unos G. 1.613.140.066, que según las documentaciones encontradas, desde el 2001, esta cuenta era utilizada como una especie de comodín para las imputaciones de una serie de gastos en diversos conceptos como ser: pago de devoluciones de aportes, gastos de sepelios, aguinaldos proporcionales, pensiones, jubilaciones ordinarias, honorarios profesionales, adquisiciones varias, provisión de fondos, previsiones, etc., que daban a entender eran debido a que no contaban con presupuesto para las afectaciones en los rubros que correspondían a cada caso, porque no existen documentos respaldatorios que justifiquen los procedimientos”, refiere el análisis de la Contraloría en este punto.
Observación 14. De igual manera se realizó la auditoría a la “Cuenta 2.2.9.06 ‘Intereses corrientes a cobrar’, cuyo monto asciende a G. 18.352.606.786, que incluye montos que son arrastrados hace varios años, sin haberse depurados, existiendo de esa manera una clasificación incorrecta dentro del subgrupo ‘Otros activos corrientes’, conforme lo indica el párrafo 79 de la Norma Internacional del Sector Público”.
Observación 15. La Contraloría también menciona a la “cuenta 2.1.9.80 ‘Aportes a cobrar’, cuyo saldo asciende a G. 13.915.540.204, incluye montos que son arrastrados hace varios años, sin haberse depurados, existiendo de esa manera una clasificación incorrecta dentro del subgrupo ‘Otros activos corrientes’, conforme lo indica el párrafo 79 de la Norma Internacional del Sector Público”.
Autoridades de la Caja Municipal cuya gestión fue auditada
Los integrantes del Consejo Administrativo de la Caja Municipal cuya periodo fue auditado lo ubican a Luis Caballero Candia, en su condición de presidente de la institución, a los miembros René Medina, Bernabé Peralta, Stella Galeano de Orué, Roberto Cárdenas y Venancio Diaz.
Así también la gestión que fue auditada por la Contraloría corresponde a Fabiana Benítez de Calabrese, en su condición de directora de Administración y Finanzas; Juan Amarilla, director de Inversiones; Edgar Acevedo, director de Asesoría Legal; Viviana Broschi, directora de Recaudaciones; Mirian Martínez, directora de Afiliados; Fabiana de Calabrese, directora de Capital Humano, Ignacia Riquelme, directora de Auditoría Interna Institucional; Joel González, director de Secretaría de Consejo y Agustina Bogado, directora de Secretaría General.