El Tribunal de Apelación Penal, 3ª Sala, integrada por los camaristas Cristóbal Sánchez, Pedro Mayor Martínez y Andrea Vera Aldana decidió no hacer lugar a la solicitud de aclaratoria planteada por el exsenador colorado Víctor Bogado, bajo patrocinio de la abogada Gessy Ruiz Díaz, en contra del Auto Interlocutorio N° 284 del 16 de setiembre pasado por el mismo tribunal de alzada.
Mediante el A.I N° 284 los camaristas resolvieron declarar inadmisible la apelación general en subsidio que había planteado el exlegislador contra el A.I N° 1489 del 21 de julio de 2021, dictado por la jueza penal de ejecución Sandra Silveira, quien dispuso no hacer lugar al pedido de suspensión de la audiencia en la que se informó de las reglas de conducta que pesaban sobre el condenado porque la sentencia en su contra se encontraba firme.
La defensa argumentó su solicitud de aclaratoria señalando que el Tribunal de Apelación, al momento de dictar la resolución cuestionada, “no ha expuesto las razones concretas consideradas para el dictado de la resolución de inadmisibilidad del recurso, simplemente se ha limitado en exponer una serie de transcripciones legales que rigen en la materia, ademas de exponer unas líneas respecto a los recursos que pueden ser interpuestos en la audiencia...”.
Agrega que los extractos de la resolución de la Cámara de Apelaciones, cuya aclaratoria requirió el exlegislador colorado, “contiene expresiones poco claras e inentendibles a la luz de las propias normativas que han sido descritas en la misma y de cuanto ha acontecido en la audiencia”.
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Al respecto los camaristas indicaron que el A.I. N” 284 no contiene ninguna expresión oscura, tampoco contiene errores materiales, ni omisión alguna, encontrándose la misma debidamente fundamentada, por lo que la claridad de lo resuelto por el tribunal de alzada hace innecesaria una aclaración en ese sentido.
Con esta decisión de la Cámara de Apelaciones la jueza de ejecución Sandra Silveira, una vez que sea notificada, podrá fijar nueva fecha para informar al exsenador colorado de las reglas de conducta que pesan sobre él, como prueba para la suspensión de la ejecución de su condena por el caso de su “niñera de oro”, Gabriela Quintana.
Lleva 2 años y 5 meses evadiendo su condena
El 25 de octubre de 2013, el entonces senador colorado Víctor Bogado fue imputado por los fiscales René Fernández, Liliana Alcaraz, Claudia Criscioni y José Dos Santos por los delitos de cobro indebido de honorarios y estafa.
La imputación fue presentada luego de que saliera a la luz el caso de su “niñera de oro”, Gabriela Quintana, quien en un mismo periodo, figuraba como funcionaria de la Cámara de Diputados y de Itaipú, donde ingresó a pedido del propio Bogado.
El 24 de abril de 2014, tras meses de investigación, la Fiscalía presenta acusación por los delitos de cobro indebido de honorarios y estafa contra Bogado y Quintana, y solicita juicio oral. Recién luego de más de 4 años, debido a las innumerables chicanas de las defensas, el 2 de octubre de 2018, la jueza Penal de Garantías Rosarito Montanía elevó la causa a juicio oral y público.
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El 3 de mayo de 2019, el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Elio Ovelar, Juan C. Zárate (con votos por la condena) y Víctor Medina (voto en disidencia por la absolución), declaró culpable a Bogado por el delito de cobro indebido de honorarios y le condenó a 1 año de prisión con suspensión a prueba de la ejecución de la condena.
El 24 de setiembre de 2019, la Cámara de Apelaciones, integrada con los camaristas Pedro Mayor, Cristóbal Sánchez y Mirtha González, por unanimidad, confirmó la condena de Bogado, quien debe pagar la suma de G. 480 millones a 10 entidades de beneficencia.