Concejales municipales de San Roque González denunciaron ante el Ministerio Público y la Contraloría General de la República supuestos hechos de lesión de confianza, estafa y asociación criminal durante la administración del exintendente Óscar Alfonzo, que supuestamente causaron un daño patrimonial de G. 944 millones.
Si bien los concejales pidieron que se fiscalice desde el inicio de la gestión de Alfonzo, la Contraloría dispuso que se va a fiscalizar documentaciones de 2020 y parte de 2021, que corresponden a la gestión del actual intendente Teodoro Fleitas.
La resolución de la Contraloría señala que la coordinación, seguimiento y cumplimiento de los trabajos estarán a cargo de la Dirección General de Control de Recursos Sociales del Estado. Los auditores realizarán entrevistas, verificación de documentaciones, informes y otras gestiones que ayuden analizar la situación de la administración municipal.
El intendente Teodoro Fleitas celebró que la Contraloría se constituya en la Municipalidad local, señalando que es lo que la ciudadanía hace tiempo reclamaba a sus autoridades y es la forma de transparentar y saber con exactitud si los hechos denunciados se produjeron.
Manifestó que recibió la comunicación que fue designado un equipo auditor que va a trabajar en San Roque González y que la Contraloría pidió designar un nexo para facilitarles documentaciones. Además pidieron un espacio físico para poder desarrollar sus labores.
Fleitas explicó que los auditores van a definir si inician o no la próxima semana la fiscalización y verificación de las documentaciones y obras.
<b>Denuncia ante CGR y Ministerio Público</b>
El presidente de la Junta Municipal, Wilson Recalde; el concejal Juan Ángel Ortiz y la abogada Raquel Villalba fueron los encargados de presentar en julio pasado la denuncia en la Contraloría y el Ministerio Público.
El documento fue firmado por el intendente Teodoro Fleitas y de otros seis concejales, Wilson Recalde, Ángel Ramón Figueredo, Juan Antonio Candia, Gustavo Franco (todos ellos colorados), Ireneo Ramírez (PLRA, Partido Liberal) y Ángel Ortiz (Frente Guasú).
De acuerdo a una investigación interna realizada por el intendente Fleitas y los ediles municipales, se detectó que en la administración del exintendente Alfonzo hubo supuestas obras fantasmas cuyos precios ascienden a G. 944.822.900.
<b>Irregularidades en la Municipalidad</b>
Supuestamente, la administración de Alfonzo también trabajó con el proveedor de supuestas facturas fantasmas Cristino Jara López (80 años), que figura en la Subsecretaría de Estado de Tributación como parte de una red que operaba con presuntas facturas falsas en 17 municipios y una gobernación.
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En ese sentido, la llamativa adjudicación de varias obras a favor del proveedor Jara López fue denunciada en su momento por un grupo de concejales municipales.
Ahora la SET dio a conocer que la Consultora San Miguel, de Cristino Jara López, facturó a favor de la Municipalidad local la suma de G. 4.716. 979.997, por presuntas obras fantasmas.
Entre otras irregularidades se encuentran las documentaciones del pago y recepción de obras nunca realizadas en el matadero municipal, en el camposanto, en las plazas “Soldado Desconocido” y “Mariscal Francisco Solano López”, la comisaría local, entre otros, señala la nota que presentaron los denunciantes a la Contraloría y el Ministerio Público.
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El exintendente Alfonzo, imputado por lesión de confianza, pagó dos días antes de dejar la municipalidad el pasado 8 de julio G. 42.300.000 a su hermana, la concejal departamental Juani Mabel Alfonzo, supuestamente en concepto de víveres.
Además, a través de la Tesorería municipal ordenó que se desembolse G. 50 millones a Gumercindo Ramón Cuenca, esposo de la concejal Alfonzo,
Asimismo, el exintendente Alfonzo local pagó de fondos genuinos de Municipalidad G. 40 millones a la consultora San Miguel, de Cristino Jara López, por supuestas mejoras realizadas en el matadero municipal, también días antes de renunciar.
Sin embargo, en el lugar no se visualiza ninguna refacción.
Otras cuatro facturas por valor de G. 118 millones muestran que el exintendente desembolsó más dinero a favor de la consultora San Miguel por supuestas reparaciones varias en la plaza “Mariscal Francisco Solano López”, en la plaza “Soldado Desconocido” y en el camposanto de la ciudad.