Un fraudulento giro tuvo el caso de la Estancia Korochiré, el lugar se encuentra a unos 160 km del casco urbano de Fuerte Olimpo, y la familia dueña en cuestión lo ocupa hace más de 50 años. En una oportunidad ya fueron desalojados pero recuperaron la propiedad en el 2019, los propietarios vienen denunciando hace años la existencia de una rosca mafiosa ligadas al difunto Oscar González Daher quienes fehacientemente buscaban sacarlos de nuevo.
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La artimaña esta vez vino de parte de la fiscalía Sandra Ledesma, de la unidad penal número 4 de Luque, quien se movilizó curiosamente hasta a Alto Paraguay con una supuesta denuncia en mano, acusando a Ángel Ayala Garcete de los hechos de coacción grave, robo agravado y asociación criminal, sin mayores pruebas que el testimonio de supuestos afectados.
“Fuimos presos injustamente el viernes mientras recorríamos el campo con dos personal de la estancia, la fiscalía ordenó que nos subiéramos a la camioneta y nos hicieron recorrer el campo buscando evidencias que no existieron”, expresó Ayalá.
Agregó que la comitiva fiscal actuó en todo momento con suma prepotencia y durante el procedimiento se negaron a labrar acta y constar que quedaban en el lugar 60 cabezas de ganado y todo el casco de la estancia abandonado. Tampoco se les permitió filmar ni documentar de ninguna forma el procedimiento.
Llamativamente la imputación ya estaba formulada sin que siquiera se le tome la declaración indagatoria al acusado.
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“Denunciamos este atropello del Ministerio Público, que entraron buscando evidencias que no encontraron, esta fiscal Sandra Ledesma, con prepotencia, acompañada de policías y de la parte contrincante interesada hace años de ocupar la Estancia Korochiré entraron en un procedimiento a buscar evidencias, les pusieron a los detenidos boca abajo y los imputaron”, agregó la abogada Sary Hellmann, abogada de la familia.
La fiscalía de Filadelfia, finalmente tomó hoy de mañana la declaración indagatoria del acusado Ángel Ayala Garcete. Toda la familia viene recibiendo desde hace años continuas amenazas y todo tipo de amedrentamiento en torno a la disputa por las más de 12 mil hectáreas de tierra que les pertenecen.
Al respecto intentamos conversar con la fiscal Ledezma, pero no atendió nuestros reiterados llamados.