Como hombre que estuvo mucho tiempo dentro de la previsional y conocedor del manejo económico de trabajadores, Halley dijo que se les quitará dinero a todas las cajas jubilatorias del país. Según la información que él maneja, sería 1% por cada empleado.
Primero hay que eliminar la informalidad, dice Halley
Halley admite que es un crítico de este seguro, por la manera en que se quiere financiar. Sostiene que el 60% de la fuerza laboral está en la informalidad. Además, no hay control en muchos casos en la relación obrero-empleador. Lo ideal es que primero se formalice a todos los empleados.
El exgerente del IPS dio una cifra muy negativa. Dijo que dentro del grupo de personas que depende de un empleador, cuatro de cada 10 están registradas en IPS y formalizadas, pero el 60% no está inscrito en el seguro social y no tiene beneficios como el salario mínimo o vacaciones, entre otros.
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Señaló que los trabajadores formales que están cotizando tendrían que soportar la economía informal, que es ilegal. Reconoce que el seguro de desempleo es una conquista, pero “hay que ordenar la casa”, agregó. Pide que el Ministerio del Trabajo elimine la informalidad para hablar de esta ley.
“IPS sería como un Ministerio del Trabajo”, sostuvo
Halley apuntó que el IPS administrará parte del dinero que se descuente de trabajadores de todas las cajas y con esta ley se convertirá el ente en un Ministerio del Trabajo. Si esto ocurre, el IPS no está preparado.
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El abogado comentó que el IPS tiene US$ 2.200 millones en el sistema financiero. Criticó que se utilicen en cuestiones cortoplacistas y comentó que en otros países se invierte a largo plazo para el progreso, como nuevos hospitales, indicó.
Halley cree que el proyecto de ley del seguro de desempleo probablemente avance y hasta se llegue a promulgar.
Proyecto ya fue presentado en Diputados
Varios diputados, encabezados por Jazmín Narváez, del bloque oficialista de Colorado Añetete, presentaron el proyecto. El objetivo es que se cree y regule un seguro de desempleo con el que se busque reducir los efectos de la pérdida involuntaria de los ingresos por la cesantía definitiva de las actividades productivas. La intención es dar un monto por seis meses mientras se encuentra un nuevo empleo.
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Se plantea reemplazar las remuneraciones previas del trabajador por una prestación económica de corto plazo vinculada a la búsqueda de un nuevo empleo.
Las autoridades competentes serán el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), como entidad reguladora y supervisora del seguro, y el Instituto de Previsión Social (IPS), como entidad recaudadora y administradora del fondo de desempleo.
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