Si el trabajo en los Registros Públicos ya se hizo complicado desde el inicio de la pandemia, ahora con la implementación del Sistema Integral de Gestión Registral Electrónica (e-SIGR) desde el lunes 4 de octubre, empeoró. Por esta razón, escribanos y gestores se unieron para protestar esta mañana ante la sede de la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP), donde a diario deben afrontar interminables filas.
Sistema colapsado
“En este momento hay 750 notarios de la República frente a los Registros. Van a cerrar las calles, están todos desesperados. Esto es la muerte económica para alguien que tiene un trabajo, alguien que pide un préstamo, para el que le quiere dar a su hijo un poder para lo que sea, en este momento no se pueden utilizar los servicios del Registro. El sistema está colapsado, esta es la realidad”, expresó el escribano Juan José Benítez Rickmann.
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“La posición nuestra, de la comisión directiva que presido, es el apoyo total e irrestricto a esta protesta que está afectando a todos los colegas y a la ciudadanía en general. Este problema viene de antemano, de hace mucho, tenemos el inconveniente de la pandemia que tuvo un retraso magistral de todos los trámites y ahora, una implementación, en este momento, que estamos a fin de año, donde los negocios jurídicos están empezando a moverse luego de la pandemia, es desesperante. Nosotros no estamos en desacuerdo con el nuevo sistema, pero queremos que funcione”, dijo el escribano Jorge Miller, presidente del Colegio de Escribanos del Paraguay, quien cuestionó además que no se haya elegido un mes “más tranquilo” como enero, para la implementación del nuevo sistema.
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Las quejas son generalizadas y van desde la dificultad para obtener los tiques de atención hasta la demora en la expedición de distintos certificados e informes y parten no solo de los escribanos y gestores, sino además de los propios funcionarios, que deben sortear un sinnúmero de dificultades para poder realizar su trabajo. También afecta a abogados, rematadores, oficiales de justicia y a la sindicatura de quiebra.
El resultado de esta situación es un atraso generalizado en una gran cantidad de documentos -tanto para el ingreso como para el retiro.
Actividades económicas, paralizadas
La paralización de numerosas actividades, en especial las transferencias, por la dificultad de contar con los certificados de interdicción, de condiciones de dominio y otros, además de la imposibilidad de cobrar por los trabajos paralizados, son las principales consecuencias de esta situación que para los usuarios, ya es insostenible.
El principal problema para realizar una transferencia, es que se debe contar con los certificados de interdicción y de condiciones de dominio, ambos expedidos por los Registros Públicos además de un certificado del Servicio Nacional de Catastro y un informe de Hacienda de que está al día con los tributos.
Cada uno de esos documentos tiene una validez de no más de 30 días (menos el de Catastro, que tiene una duración de un año) y deben ser entregados en forma conjunta. Sin embargo, lo que ocurre en la actualidad es que el informe de Hacienda se entrega en el día, no así los certificados de Registros Públicos. Muchas veces ocurre que sale uno pero no el otro y para cuando el usuario tiene los dos, el primero ya perdió su validez y debe ser nuevamente gestionado, y así sucesivamente.
Y lo peor, es que desde la implementación de este nuevo sistema, la DGRP ni siquiera expide los certificados referidos.
Suspensión de plazos, pendiente
“Nosotros queremos tecnología, pero esto no está funcionando. (...)Lo que a nosotros nos afecta, afecta a la ciudadanía, porque no puede comprar un vehículo porque no tiene un certificado de anotaciones personales, no puede hipotecar, hay personas que deberían haber viajado y no pueden realizar sus escrituras, hay personas que están enfermas, que solicitaron un préstamo y no pueden firmar su solicitud de préstamo hipotecario”, agregó Daisy Ortellado, directora del Instituto de Derecho Registral.
“No se pueden hacer préstamos hipotecarios, transferencias, integrar sociedades, gestionar sucesiones, es un caos”, dijo otro notario que pidió no identificarse, que recordó que hasta el momento la Corte Suprema de Justicia no ha dispuesto aún la suspensión de los plazos registrales por todos los días afectados por esta situación.